La investigación que derivó en la suspensión indefinida del magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo inició cuando se detectó que entre el integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y su familia tenían 20 millones de pesos sin registro legal o que se pueda comprobar su procedencia.
De acuerdo con información de Vanguardia, adicionalmente se tiene registro de bienes raíces y vehículos con valor superior a lo que pudiera comprobar el jurista con sus ingresos.
Al referirse al caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer por la mañana que se confirmó un depósito de 80 millones.
Información del Gobierno Federal refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio vista de ese depósito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El pasado 10 de octubre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, Arturo Zaldívar, dio a conocer en conferencia de prensa la orden de destituir indefinidamente al magistrado federal por supuestamente registrar inconsistencias graves en sus finanzas.
Una de las irregularidades que se detectaron es la adquisición de una propiedad por parte de Camero Ocampo por 17.8 millones de pesos, ubicada en Paseos del Pedregal, en la Ciudad de México, la cual el magistrado puso a nombre de uno de sus hijos y pagó de contado.
López Obrador comparó que 80 millones de pesos que pudieron haber sido transferidos a un magistrado, son 10 veces los 8 millones de ingresos del Presidente, “¿así que de dónde?”.
Antes de anunciarse su suspensión indefinida por presuntas irregularidades financieras, el magistrado Camero Ocampo tuvo varias resoluciones sobre el proyecto de construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en las que otorgó suspensiones definitivas.
En al menos siete, como integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, argumentó a favor del derecho a un medio ambiente sano, así como de los derechos de los pueblos originarios para ser consultados.
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