La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, llamó a revisar la normatividad para abatir la corrupción, pues si bien se visibiliza a través de la transparencia y el derecho a la información "ello no garantiza su combate".
“La transparencia convierte los actos de corrupción, sí, en escándalos mediáticos, visibiliza lo que se hace de manera discrecional, en donde hay abusos de poder, pero ello no implica que se traduzca en la existencia de mecanismos institucionales para su combate desde sus causas", planteó.
Reconoció que la corrupción es un tema que duele y ha etiquetado al país, "uno de los males que mayores agravios causan a las personas y a las instituciones, por la apropiación de recursos públicos para obtener beneficios particulares.
“Advertimos que, en este gobierno, el punto central en la actuación del Presidente de la República es combatir la corrupción, y creo que en eso todos debemos estar unidos y en alianza, porque nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables de no permitir actos de corrupción, hay que elevar la cultura de la denuncia”, enfatizó.
En la segunda edición de la cátedra universitaria Transparencia y Rendición de Cuentas 2019, subrayó que por ello es necesario analizar los esfuerzos normativos que han sido diseñados como una especie de guía que modifique y dirija las tareas de combate a la corrupción; y añadió que "la opacidad es aliada de la corrupción y en México ya no se pueden permitir más los casos de impunidad".
“Hoy en día, la transparencia es una de las principales herramientas para combatir la corrupción, ya que contribuye a que las funciones que tienen encomendadas las entidades públicas se realicen con más eficacia".
Ello, agregó, "para que estemos trabajando de puertas abiertas, de frente a la sociedad, en una vitrina pública, donde todos rindamos cuentas, pero sobre todo regresemos a la sociedad lo que le pertenece, que es la información pública”.
La comisionada del INAI afirmó que el derecho a saber garantiza que la transparencia no estará limitada por la discrecionalidad de los servidores públicos y "bajo este escenario el combate a la corrupción requiere de insumos de información pública sistémica y abierta".
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