Notimex.- Para conocer los resultados de los programas sociales impulsados por el Ejecutivo federal, urge crear reglas de operación que permitan medir la efectividad de sus acciones, evaluarlos objetivamente y erradicar el uso discrecional de sus recursos.
La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Laura Imelda Pérez Segura, expuso lo anterior al hacer referencia a los datos publicados por México Evalúa en marzo pasado.
Recordó que dicha evaluación revela que de los recursos destinados en 2019 a subsidios, 58 por ciento, casi 360 mil millones de pesos, fue hacia programas sin reglas de operación.
La legisladora de Morena señaló que una tarea pendiente y urgente es crear las herramientas necesarias para hacer llegar los recursos a la población objetivo y “eliminar por completo las prácticas de opacidad y corrupción de las administraciones pasadas”.
Al hacer una comparación con la presente administración, expuso que en los programas creados este sexenio destacan los de la Secretaría de Bienestar, como Pensión para Adultos Mayores y Sembrando Vida, y el programa de la Secretaría del Trabajo: Jóvenes construyendo el futuro.
Ambas dependencias, dijo, concentran 44.66 por ciento de todo el recurso destinado en 2019 a programas sin reglas de operación, con 123 mil millones de pesos para Bienestar y 40 mil millones de pesos para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Pérez Segura recordó que sólo cinco de los 19 programas que otorgan subsidios tienen lineamientos básicos, como características mínimas de operación, cobertura, procedimiento de entrega de recursos y población objetivo.
Sin embargo, la morenista insistió en que no hay metodología de evaluación y control que permita darles seguimiento y medir su impacto real, para lo cual se debe maximizar la transparencia, fijar criterios claros para ser acreedor a esos programas y tener herramientas de evaluación de desempeño y de impacto social.
De esta manera se garantiza que esos programas, que originalmente tienen su razón de ser en el combate a la desigualdad social, y su fundamento en la principal tarea política fiscal, que es la redistribución del ingreso, cumplan con su objetivo de apoyar a los grupos vulnerables de la población.
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