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Prohíben retener documentos para pagar multas de transito en Oaxaca

Notimex | 12/09/2019 | 19:43

En sesión, la SCJN reconoció la validez del decreto 372 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de octubre de 2017 en la parte que deroga la fracción XI del Artículo 18 y reforma el numeral 25.

Notimex.- El Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las entidades del país tienen facultades para regular los medios que les permitan garantizar el cobro de sanciones de tránsito.
Los ministros validaron la reforma a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad de Oaxaca, que prohíbe a los policías asegurar tarjetas de circulación, licencias o placas para garantizar pago de sanciones.
 
En sesión, la SCJN reconoció la validez del decreto 372 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de octubre de 2017 en la parte que deroga la fracción XI del Artículo 18 y reforma el numeral 25, ambos de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, así como del transitorio primero.
 
La fracción XI del Artículo 18 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca establecía la facultad de la Policía Vial Estatal de recoger y asegurar en garantía para el pago de infracciones vehículos de motor, tarjeta de circulación, placas y/o licencia de manejo.
 
El decreto impugnado derogó esta facultad y estableció en el Artículo 25 que en ningún caso se asegurarán como garantía de pago de las infracciones el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o las placas vehiculares a los conductores que infrinjan la ley o su reglamento.
 
Por su parte, el transitorio primero deroga cualquier disposición que se oponga al decreto señalado.
 
El municipio actor impugnó estas reformas al estimar que se invade su competencia normativa para regular la materia de tránsito y que debió participar en el procedimiento legislativo del cual derivó.
 
Al respecto, el Pleno del Tribunal estimó que los estados tienen facultades para regular los medios para garantizar el cobro de sanciones de tránsito y que los artículos impugnados no invaden la esfera de competencia del municipio.
 
Asimismo, concluyó que tampoco existía obligación alguna de consultar al municipio en el procedimiento legislativo.
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