Lilia Quevedo | Plano Informativo | 16/07/2019 | 15:56
Y es que la justificación que ha dado de manera constante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es que no puede intervenir en la rehabilitación de dichas fincas, porque son predios privados y que incluso muchos de los dueños ya ni siquiera viven el país.
“Se tendría que hacer un esfuerzo de investigación que corresponde a la Unidad de Gestión en todo caso, localizar a las personas y entonces poder establecer con ellos algunos mecanismos para poderlas intervenir”.
El investigador señaló que se tiene que hacer una reingeniería del desarrollo inmobiliario que permita reactivar estas fincas, utilizarlas con otros propósitos y atenderlas en el caso de que los propietarios ya no muestren interés.
La búsqueda de los propietarios, no es competencia del INAH, reveló el académico, dado que esta es una actividad de gestión y de concertación y la delegación federal únicamente está a cargo de la normativa para rehabilitar.
El INAH en “todo caso lo que tendría que hacer son reglamentos más flexibles que permita recuperar la vivienda en su estructura, en su fachada, rehabilitarla pero incentivar otro tipo de actividades, porque luego los reglamentos del INAH son como muy rígidos, entonces dicen que tienes que ocupar cierto tipo de materiales y que debes mantener la estructura, que debes de mantener el trazo, cuestiones arquitectónicas y de ingeniería que a veces son muy rígidas y que eso también evita que las personas puedan intervenir, porque les sale muy costoso”.
Además de que la presencia de las fincas abandonadas potencializa la delincuencia, el otro problema es que estas construcciones pierden su valor: “Al ser una vivienda que está abandonada, que está inactivo, definitivamente que cuesta menos y también representa para la ciudad un espacio de abandono y de inseguridad y esto requiere de la intervención del gobierno, ya sea municipal o estatal”.