Murtaja Qureiris tenía 10 años cuando habló con un megáfono en una concentración con más niños y fue detenido. Ahora, con 18 años , se enfrenta a la pena capital.
Corría el año de 2011. Soplaba el viento a favor de la primavera árabe. Murtaja Qureiris apenas tenía diez años cuando, en una concentración de niños con bicicletas, lanzó megáfono en mano una súplica: "El pueblo reclama derechos humanos".
Por aquel episodio fue detenido tres años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea sometido a la crucifixión pública y la desmembración.
"Murtaja es, sin duda, la víctima más joven de un sistema judicial saudí que descaradamente incumple la legislación internacional", reconoce a EL MUNDO Maya Foa, directora de la organización británica Reprieve. "Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí, con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir justicia para todos ellos", comenta.
Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman.
El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia décadas de marginación. Su hermano Ali murió en la represión gubernamental de una de las marchas que han tomado la calle desde 2011, al calor de las revueltas que sacudieron la región y que fueron sofocadas con la complicidad occidental a través de una renovada oleada de autoritarismo.
El menor fue detenido en septiembre de 2014 pero la fiscalía general saudí no presentó cargos en su contra hasta tres años después.
Entre las acusaciones, figuran participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano, estar en posesión de armas de fuego, arrojar bombas molotov contra una comisaría, y enrolarse en una organización terrorista. Murtaja, trasladado a un centro de detención juvenil, pasó su primer mes entre rejas en confinamiento solitario.
Su defensa denuncia que fue forzado a ofrecer una confesión con la promesa falsa de que sería puesto en libertad. Lejos de recobrarla, en mayo de 2017 fue conducido a un centro penitenciario de adultos.
Las autoridades no le permitieron contactar con un abogado hasta la primera vista de su juicio, celebrada el pasado agosto ante una corte especializada en delitos de terrorismo. Según Amnistía Internacional, la petición del fiscal es que sea condenado a pena capital -habitualmente por decapitación- y sometido a la "crucifixión", un término empleado por los tribunales locales para referirse a la exposición pública del cuerpo tras el degollamiento.
Su más probable futuro en el corredor de la muerte ha suscitado ahora la alarma internacional.
