Martes 19 de Noviembre de 2019 | San Luis Potosí, S.L.P.
C O M P A R T I R

Pineda, Moneda de Cambio

Armando Limón Hernández | 09/06/2019 | 23:31

Detrás Del Telón

LA RECIENTE APROBACIÓN DE LA mayoría de los diputados locales en torno a la solicitud de juicio político en contra del titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, puso en tela de juicio la relación que tienen en este momento los integrantes de la Legislatura local con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López.
 
SI BIEN ES CIERTO QUE LA postura de los diputados opositores al PRI es muy entendible, no así la de los legisladores emanados del Revolucionario Institucional, que evidentemente tendrían que jugar un papel de protección o respaldo al equipo de colaboradores del gobernador Carreras.
 
DICEN QUE EN EL AMOR Y LA guerra todo se vale, y en este caso particular no es la excepción, pues trascendió que la postura de los diputados del PAN en torno a la instauración de juicio político en contra del comisario Jaime Pineda, tiene un trasfondo de coyuntura política, donde independientemente de que se le dio la razón al diputado del PVEM, Edgardo Contreras, al aprobar su petición, el resultado final dependerá de otros factores de negociación.
 
HAY QUIENES ADVIERTEN QUE LOS panistas aprovecharán esta circunstancia para negociar el caso de las “facturas falsas”, donde se involucra a por lo menos 14 ex diputados locales de todos los partidos políticos, sin embargo quien está pagando en estos momentos los platos rotos es el albiazul Mariano Niño Martínez, quien se encuentra vinculado a proceso.
 
ES CLARO QUE LOS PANISTAS NO permitirán que el desprestigio y la mala imagen de este asunto de las facturas falsas sólo recaiga en una persona emanada de sus filas, pues al parecer le solicitaron al gobernador que “todos coludos o todos rabones”, en franca referencia que no sólo se castigue a Mariano Niño, sino a los otros ex diputados priístas y perredistas que se encuentran involucrados en los supuestos casos de corrupción.
 
TODO LO RELATIVO A LA instauración del juicio político en contra del titular de Seguridad, Jaime Pineda, será cuestión de tiempo pues al parecer, lejos de que todos los diputados votaron porque se procediera, es casi un hecho que transcurrirá el tiempo y no pasará nada, pues dicen los que saben que este procedimiento sólo servirá para ejercer presión al gobernador Carreras, ya que no existen los elementos suficientes para sancionar al encargado de la seguridad de los potosinos.
 
SEGURAMENTE EL GOBIERNO DEL Estado estará trabajando por medio de sus operadores políticos con el fin de que este procedimiento no afecte a su secretario de Seguridad por el capricho de un diputado, aunque dentro de este esquema no se descarta que el “juicio político se convierta en una moneda de cambio”, para establecer una posible negociación dirigida a que los ex diputados del PAN, salgan bien librados del asunto de las facturas falsas, y en el peor de los casos, que se sancione a todos, sin excepción y sin distingo de partido político.
 
EX DIPUTADOS AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.- La diputada Marite Hernández Correa aseguró que el asunto del extravío del acta número 14 de la sesión de la Comisión de Vigilancia en la pasada Legislatura, no es un tema olvidado y consideró pertinente mandar llamar a los ex diputados Oscar Bautista Villegas (hoy diputado federal), Martha Orta Rodríguez del PRI, José Guadalupe Torres Sánchez del PRD y Josefina Salazar Báez del PAN.
 
ASE LANZA ULTIMATUM.- La auditora Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, informó que el organismo fiscalizador a su cargo trabaja actualmente en la revisión de documentales entregados por los entes auditados, e iniciará en breve las pruebas para concluir en tiempo y forma la auditoría a las Cuentas Públicas 2018, ya que los informes respectivos deberán ser entregados a la Comisión de Vigilancia en octubre próximo, según establece la ley. En lo que respecta a las Cuentas Públicas 2017, aseguró que un porcentaje significativo de expedientes ya están en poder del área Jurídica de la ASE para la debida integración de las carpetas de investigación y substanciación, de tal modo que durante junio y julio sean turnadas a las autoridades responsables de sancionar.
 
AUMENA VIOLENCIA CONTRA MUJERES.- Desgraciadamente de enero a la fecha el Centro de Justicia para Mujeres ha enviado a 48 mujeres víctimas de violencia a los albergues, de las cuales 19 han sido de Rioverde; 16 de la capital y 13 de Matlapa. La cifra es superior debido a que en todo el 2018 se canalizaron a 57 usuarias, de las que 14 eran de San Luis Potosí, 35 de Rioverde y 8 de Matlapa.
 
PÓNGANSE A TRABAJAR.- El contralor general del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, descartó que exista algún boicot por parte de las instancias de gobierno, para que opere de manera óptima el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); por el contrario, se han dado facilidades para operar y son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo en sus ideas y organización. En pocas palabras los exhortó a que se pongan a trabajar.
 
INCUMPLIDOS.- Paulina Sánchez Pérez del Pozo, presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, exhortó a los entes obligados a cumplir con el llenado de los formatos de la Plataforma Estatal, a fin de evitar ser sujetos de medidas de apremio tras recordar que en este año se incrementó al 90% el cumplimiento mínimo de sus obligaciones. Confirmó que en el primer trimestre de ejercicio de este año se ha detectado que 45 de los 232 sujetos obligados se encuentran en cero cumplimiento, por lo que están en riesgo de ser sancionados.
 
PIDEN OPERATIVO MOCHILA.- El presidente de la Asociación de Padres de Familia consideró necesario implementar un Operativo Mochila en las escuelas del estado, con el fin de evitar que los estudiantes ingreses armas o artefactos a los centros de estudios y se puedan evitar riesgos o hechos fatales. Esto luego de que en un solo día se conocieron dos presuntas amenazas de bomba; uno que resultó falso en el plante 01 del Colegio de Bachilleres; y otro que pudo ser controlado en una escuela de la colonia Morales.
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