El fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera explicó que el proceso que se le sigue a los exdiputados que fueron acusados en la pasada Legislatura, por participar en una red de corrupción para “maquillar” cuentas públicas de los ayuntamientos, compete a los organismos como la Fiscalía Anticorrupción, así como a los organismos de Contraloría y Auditoría, a quienes corresponde determinar las responsabilidades.
Subrayo que el fin de la investigación es eminentemente restaurativo, porque la ley en la materia está creada con un espíritu de acuerdos entre las partes que participan dentro de un proceso de esa naturaleza.
Añadió que no le toca a la Fiscalía General otorgar perdón o emitir algún tipo de sanción pues se trata de un proceso que debe desahogarse y que aún se encuentra resolviéndose.
El fiscal dijo lo anterior, dentro del contexto que remite al seguimiento que se le está dando a esta investigación, y que ha generado algunos pronunciamientos en medios de comunicación sobre omisiones o cosas que, se asegura no han sido tomadas en cuenta por la autoridad a fin de que de ello resulten responsables los legisladores que han sido señalados, pero dijo que debe entenderse que por sigilo y respeto al debido proceso todo esto debe mantenerse así hasta que finalmente se resuelva este asunto, pero descartó que no se esté trabajando o que haya omisiones que estén dejando en el olvido este asunto.
Lo que pasó
El 12 de junio del 2017 un vídeo dio a conocer una plática entre Enrique Flores Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado negocia con el alcalde Crispín Ordaz, en el que el exlegislador le ofrece dejar “totalmente” limpia la cuenta pública 2016.
En el vídeo Flores Flores nombraba a los exdiputados, José Guadalupe Torres Sánchez, Oscar Bautista y Manuel Barrera, por la “limpieza” de los expedientes se cobraría una comisión del 10 al 20 por ciento.