Potosinas viajan a la CDMX para abortar sin ser criminalizadas

Mientras, tanto las leyes y las autoridades estatales siguen criminalizando a las mujeres que deciden abortar: en 2018 diez potosinas, fueron sometidas a procesos penales por practicarse un aborto.

Ambos escenarios reflejan una realidad contrastante. Mientras en la capital del país el aborto es un derecho, en San Luis Potosí, todavía sigue siendo un delito, y se persigue a las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

La interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, es una opción para las mujeres de los estados del interior del país cuyas leyes criminalizan el aborto. En clínicas públicas y privadas de la capital país se ofrece este servicio que garantiza el derecho del género femenino a decidir.

Las estadísticas que ofrece el Sistema de Información sobre la ILE, revela que desde que la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal legalizó la interrupción del embarazo, han recurrido a este derecho 208 mil 231 mujeres; de ellas 145 mil 442 son de la propia Ciudad de México y 54 mil 836 del Estado de México.

Sin embargo, muchas viajan desde los estados a la capital donde en lugar de cometer un delito, ejercen un derecho.

Entre las entidades federativas destacan Puebla e Hidalgo, de donde, quizá por la cercanía con la CDMX han acudido más mujeres que de otros estados: 1 mil 267 y 1 mil 113.

De Morelos han viajado a la capital del país para abortar 776 mujeres; de Jalisco 573; de Querétaro 557; de Veracruz 476.

Las estadísticas que ofrece el Sistema de Información sobre la ILE, revela que desde que la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal legalizó la interrupción del embarazo, han recurrido a este derecho 208 mil 231 mujeres; de ellas 145 mil 442 son de la propia Ciudad de México y 54 mil 836 del Estado de México.

La estadística también incluye datos sobre el perfil de las mujeres que recurren a este derecho.

El 41.1 por ciento tienen estudios de preparatoria; el 31 por ciento de secundaria; el 17.3 por ciento tienen un nivel educativo de educación superior; el 7.1 por ciento son de primaria, el 1.8 por ciento no tienen ninguna preparación, y el 0.3 por ciento tienen estudios técnicos.

El 54.8 por ciento de las mujeres que deciden abortar son solteras; el 28.7 por ciento viven con sus parejas en unión libre. Sin embargo resalta el dato de que un 12 por ciento de las mujeres que optan por interrumpir la gestación están casadas.

Las edades de la mayoría de las mujeres que abortan oscilan entre los 18 y los 24 años, con 47.1 por ciento.

Del total de mujeres que han recurrido a esta opción el 22.5 por ciento tenían entre 25 a 29 años. El 13.5 por ciento están entre los 30 a 34 años; el 7.9 por ciento entre los 35 a los 39; el 2.9 por ciento entre los 40 y los 44 años y el 0.5 por ciento entre los 45 y los 54.

En este punto destaca que son pocas las adolescentes y menores de edad que recurren a la interrupción legal del embarazo, lo cual contrasta con el problema de embarazos adolescentes que tiene el país.

Del total de mujeres que han recurrido a la interrupción legal del embarazo, solo el 4.9 por ciento eran adolescentes entre los 15 y los 17, y apenas el 0.7 por ciento han sido menores de edad entre los 11 y los 14 años.

Entre otros datos también destaca que el 34 por ciento de las usuarias del servicio desempeñan labores del hogar; el 25.1 por ciento son estudiantes; el 24.2 por ciento empleadas; el 5.3 por ciento desempleadas; el 4.9 por ciento comerciantes; el 3.9 por ciento tenían otra ocupación.

Por otro lado el 0.8 por ciento eran trabajadoras domésticas, el 0.7 por ciento profesionistas y el 0.2 por ciento, obreras.

De las mujeres que recurrieron a la ILE, el 27.1 por ciento no tenía hijos; el 19.1 por ciento ya tenía un hijo; el 15.5 por ciento, ya tenía dos hijos, el 6.4 por ciento tenía 3.

También es importante mencionar que el 23 por ciento de las usuarias acudieron cuando tenían menos de 4 semanas de gestación; el 10.6%oacudieron en la quinta semana; el 14.6% a la sexta semana, el 16.5% a la séptima semana, el 12.1% a la octava semana; el  9% a la novena semana; el 6.4% a la décima semana; el 4.7% a la onceava semana y solo el 1.2% acudieron al límite en la doceava semana.

Las leyes potosinas siguen criminalizando la interrupción del embarazo, incluso, el número de mujeres sometidas a procesos judiciales por llevar a cabo esta decisión ha crecido en los últimos años. En 2015, cinco mujeres fueron denunciadas por este delito, la cifra bajó a tres en 2016, pero se elevó a siete en 2017, y aumentó a diez en el pasado 2018.