El uso de los recursos del Fondo Minero para financiar las "tandas para el bienestar" del nuevo gobierno ha provocado una rebelión de municipios que eran beneficiarios del dinero.
Al menos 33 ayuntamientos de cuatro estados han promovido controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, para impugnar un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 que les quitó los recursos que se recaudan por el derecho extraordinario a la minería creado en la reforma fiscal de 2014.
Los inconformes, hasta ahora, son 20 municipios de Chihuahua -además del gobierno de ese estado-, seis de Zacatecas, cinco de San Luis Potosí y dos de Sonora.
Uno de los temas que la Corte revisará es si, por vía de la Ley de Ingresos, el Congreso puede derogar tácitamente otras leyes vigentes, ya que Morena usó el mismo esquema para otras reformas fiscales, como la supresión de la llamada "compensación universal" en el pago de impuestos.
La Ley de Ingresos no menciona expresamente que los recursos serán para los microcréditos a pequeños empresarios o tandas para el bienestar
Buscan el amparo del Poder Judicial
En febrero, el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Daniel Pedroza Gaitán, dio a conocer que los municipios con actividad minera no tenían perdido aún el reparto de recursos provenientes del Fondo Minero y que algunos gobierno municipales estaban dispuestos a recurrir a acciones legales, en las que la administración estatal los estaría apoyando con la asesoría necesaria.
En ese momento reconoció también que la pérdida para el Estado por la desaparición de estos recursos era de 40 millones de pesos, equivalente al 30 por ciento de los recursos destinados para ese rubro.
En 2017, el municipio más beneficiado por su actividad minera fue Villa de la Paz, que en total recibió recursos por 32 millones 964 mil 869.72 pesos.
Para la entidad, la Federación repartió en 2017, 117 millones 819 mil 867.84 pesos.
Villa de la Paz, el más perjudicado
Aunque son nueve los municipios con actividad minera en sus territorio, los más perjudicados por la cancelación de este Fondo son Villa de la Paz, que es el que mayor explotación minera tiene; Charcas, Zaragoza; Cerro de San Pedro y Santo Domingo.
Las cantidades que pierden por esta decisión federal van desde Un millón de pesos, en Santo Domingo; hasta 32 millones de pesos en Villa de la Paz, por lo que es de suponer que estos cinco son los municipios que junto con 28 municipios de otros estados, iniciaron una controversia constitucional para rescatar el Fondo.
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