Sistema de justicia, mal evaluado

San Luis Potosí, SLP.- La percepción del nuevo sistema de Justicia Penal en San Luis Potosí y en todo el país es mala, reconoció Juan Paulo Almazán Cue, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

El titular del Poder Judicial en la entidad explicó que actualmente los procesos penales permiten a los inculpados llevar sus procesos fuera de la cárcel, no como en el sistema tradicional, dónde lo hacían en calidad de detenidos, lo que provocaba una sobrepoblación en los centros penitenciarios, compuesto por personas que no habían sido sentenciadas.

Esto provoca en la ciudadanía la percepción de que no se está haciendo justicia a las víctimas, señaló Almazán Cue.

El presidente del Supremo Tribunal explicó sin embargo que esto solo es una percepción, porque los procesos se siguen cumpliendo como lo marca la ley y quienes son responsables de algún delito, son sancionados.

El magistrado respondió a los cuestionamientos publicados en medios de comunicación, particularmente el del arzobispado de San Luis Potosí, que hace una severa crítica al nuevo sistema de justicia porque consideran que no hace justicia a los ciudadanos.

Sin embargo explicó que se ha invertido mucho trabajo y esfuerzo para perfeccionar el nuevo sistema en favor de los ciudadanos.

Juan Paulo Almazán Cue consideró que es comprensible que en la transición de un sistema a otro se tengan diversas percepciones de cómo se está llevando a cabo este proceso, que sí está obteniendo resultados más óptimos en términos de la administración de justicia, sobre todo en la agilización de los procedimientos de orden penal y en la despresurización de los expedientes.

Antecedentes

A principios de 2016 entró en vigor en todo el Estado el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que se ha ido aplicando paulatinamente, tratando sobre todo de que la sociedad se familiarice y comprenda que la aplicación de justicia no siempre es meter a la cárcel al presunto responsable de un delito, sino que debe ser sujeto de un juicio justo para las dos partes.

Y es que el espíritu de esta reforma es garantizar que los responsables de conductas ilícitas paguen por ello, evitando así que en segunda o tercera instancia se revoque la sentencia y queden en libertad, sin retribuir a la sociedad por su falta.

En la medida en que se respeten los derechos humanos de los indiciados, mayor certeza tendrán las sentencias y será menor la posibilidad de que burlen la ley.