San Luis Potosí, SLP.- "Al vapor" fue como la Sexagésima Primera Legislatura aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, que abroga la Vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, reconoció Pedro Olvera, analista jurídico y ex funcionario público.
“Ellos hicieron un paquete muy grande de normatividad, al que dieron salida como que muy a la carrera, como que muy apremiados por dar una imagen buena”.
Esta ley tiene cosas muy buenas, pero también es una ley que nace con un problema de origen.
En entrevista para “Contacto Informativo”, el especialista explicó que esta ley, presentada por el ex diputado Jorge Luis Miranda Torres, no tomó en cuenta las especificaciones que marca la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, el cual también es un Tratado Internacional.
Precisamente por esta carta se reformó una ley de asentamientos urbanos a nivel nacional y se creó una ley para el crecimiento y ordenamiento territorial sustentable.
En esta ley se ordenaba que todos los estados y ayuntamientos adecuaran sus normativas para tener un crecimiento que fuera amigable con el medio ambiente, la movilidad y con la planeación estratégica de una ciudad en crecimiento.
Los diputados salientes se tardaron en sacar esta ley, pero la hicieron al vapor y “no tanto por lo rápido, si no por una cuestión vital que es lo que marca la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad”.
La falta de consulta pública fue el principal defecto de la ley aprobada en julio del 2018, pues no se tomó en cuenta la opinión de las personas que conviven diariamente con los problemas para generar nuevos reglamentos y normativas.
Olvera sostuvo que esta ley nació de una forma anómala, ya que estas leyes deberían de incorporar una serie de mecanismos y dispositivos que escuchen la opinión de la gente, los órganos de dirección de lo que tendrá que ser el sistema de organización territorial.
"Y si los diputados salientes se quisieron lucir con esto, pues que me perdonen, y muchos de ellos son cuates míos, pero la regaron".
Los congresistas no atendieron el derecho a la ciudad, la movilidad: "hay mil cosas que hay que ver, importantes en esta ciudad, por ejemplo, como movernos, es un problema para un trabajador salir hasta la Zona Industrial".
Tampoco respeta la autonomía de los municipios y violenta sus necesidades, pues a la hora de que se empiezan a dar las atribuciones de cada autoridad, al municipio lo dejan desamparado, no consultan tampoco a los municipios si eso es lo que van a necesitar para cobrar usos de suelo, para dar permisos de construcción y para hacer subdivisiones.
Se dice que consultaron a algunos organismos, pero para esta ley se debieron de haber hecho foros de consulta mucho más abiertos, incluso para generar un Plan de Centro de Población Estratégico funcional.
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