Industria reprueba impuesto a servicios digitales

La aplicación de un impuesto de tres por ciento a servicios digitales como Netflix, Google, Facebook, Uber, Spotify, Airbnb y Mercado Libre, entre otras plataformas, no favorece al desarrollo de la economía digital en México, coincidieron miembros de la industria.

"No apoyamos una iniciativa de esta naturaleza como no hemos apoyado iniciativas similares, como es la del IEPS en telecomunicaciones", subraya Julio Cesar Vega, director de la Asociación de Internet.Mx.

Desde 2010, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se cobra a servicios de telefonía fija, telefonía móvil y televisión de paga, quedando exento internet.

"Sería volver a una dinámica a través de la cual esta iniciativa busca que el fisco recaude una cantidad incierta de recursos y volveríamos a una situación en la cual no tenemos claridad de en qué serían utilizados estos recursos".

El ecosistema digital mexicano todavía está en estado de maduración, no consolidado y, por lo tanto, no debiera admitir este tipo de cargas impositivas, agregó el representante de las empresas digitales que operan en el país.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso en la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales en la cual se estipula una tasa de 3%.

La iniciativa destaca que "el comercio electrónico en México ha crecido más de 400% en los últimos seis años, cifra que resulta atractiva para inversionistas a escala mundial".

El proyecto menciona que estarían obligados a pagar el impuesto personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que obtengan ingresos por la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios.

Quienes ofrezcan una interfaz digital multifacética que permita a los usuarios localizar a otros e interactuar con ellos, y que pueda facilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios.

También se gravará la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

"En todo caso, cualquier tipo de política fiscal al respecto debiera ser para impulsar a las empresas de corte tecnológico para crecer o asentarse en nuestro territorio y de ninguna manera para generar ingresos al fisco que no están justificados en retribución misma del propio ecosistema", puntualizó el director de la asociación.

Impuestos de este tipo afectan a los consumidores porque el cliente final se le transferiría esta carga en los bienes o servicios que adquiera, destacó el directivo.

Javier Salinas, diputado perredista e impulsor de la iniciativa, explicó que la propuesta se debe a que existe una elusión fiscal por parte de las grandes transnacionales como Netflix, Google, Facebook y YouTube.

"Amparados a que son trasnacionales pagan impuestos en su país de origen pero donde hacen la actividad comercial no pagan el tributo, entonces es un tema de elusión fiscal".

Por ejemplo, en el caso de Google, que cuenta con oficinas y operaciones en México; mencionó que la empresa reporta sus ingresos a Estados Unidos donde se encuentra la matriz de la compañía y su domicilio fiscal.

Salinas precisó que se trata de un impuesto sobre la renta que no afectará en los precios de los productos y servicios que se ofrezcan en línea y no aplicará para las pequeñas empresas o firmas mexicanas "porque esto sólo lo utilizan las compañías que tienen un alto potencial en el comercio y tienen la tecnología para hacerlo".

Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, dijo que les preocupa el tema y como cámara hicieron un grupo de trabajo para evaluar esa propuesta.

"Todas las empresas que tenemos operaciones en México ya pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones, por lo cual generar una carga adicional a los servicios digitales va en contrasentido de poder tener un acceso universal contemplado en la Constitución".