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Lilia Quevedo/Plano Informativo | 04/10/2018 | 01:05
El arsénico forma parte de los procesos de las caleras que operan en San Luis Potosí. Actualmente hay un cinco por ciento de arsénico que yace en la flora y fauna de la Sierra de Álvarez, denunció Everardo Fernández Gutiérrez, especialista en temas ambientales.
Cuando calcinan, ese ingrediente se va a los polvos que son proporcionales entre un 7 y 15 por ciento del peso que se procesa.
La mega empresa canadiense Graymont, Ltd. alias Cal Química Mexicana, produciría diariamente 960 toneladas de cal.
Esos polvos son los que se pueden escapar y dañar severamente la flora y fauna del entorno cercano, que en este caso es la Sierra de Álvarez y la zona habitacional de La Florida, parte de Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez.
El especialista señaló que esos polvos no reciben el tratamiento adecuado, pues deben confinarse obligatoriamente, porque el arsénico es altamente tóxico.
La cal no contamina, la sílice sí
Abundó que la cal no es contaminante, pero la sílice que tiene la cal es contaminante para los trabajadores que todos los días tienen contacto con ella. Para la ciudadanía no sería nocivo, pues el ingrediente se mimetiza con el aire y se pierde.
El arsénico a la larga produce cáncer de piel, pero eso sería a la gente que vive cerca del arsénico; la gente que habita en un radio menor a 1 kilómetro o dos a la redonda de las caleras.
El petcoke (otro ingrediente activo en el proceso), lo usan como combustible para meter el gas caliente al horno, este ingrediente también podría tener elementos cancerígenos.
La denuncia fue popular: activista
Francisco Romero Tristán, vocero del Grupo Ecológico La Florida, acusó que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvette Salazar Torres, se lavó las manos al señalar que ella solo estaba acatando lo que demandaba el Tribunal de Justicia Administrativa.
"Ella dice que este uso de suelo no es vinculatorio para dar la autorización de impacto ambiental".
Cuando se hicieron las revocaciones, se hizo de la siguiente manera, se metió una denuncia popular por vincular con el presidente de Bosques de la Florida (Uno de los fraccionamientos afectados).
El Ejecutivo tuvo que suspender la obra y clausurarla, la empresa tramitó un litigio contra la Segam y los colectivos tramitaron amparos.
"Yvette tenía la obligación de darnos a conocer lo que se resolvió, puesto que nosotros metimos la denuncia popular, ellos revocaron ese permiso y se quedó parada la empresa, pero ahora Yvette nos dice que el tribunal les dijo que esa revocación no estuvo bien y que se les tiene que regresar el permiso, pero ahí debieron de haber informado que nosotros éramos los que habíamos promovido la denuncia".
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