San Luis Potosí, SLP.- En la LVII Legislatura no se repetirá la "Ecuación corrupta", aseguró la diputada Marite Hernández Correa, Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado durante la instalación formal de los trabajos de esta Comisión legislativa
"Los integrantes de esta comisión refrendamos el compromiso con el pueblo de San Luis Potosí de que nunca más volveremos a presenciar una ecuación corrupta, o revisiones o aprobaciones de cuentas públicas al vapor", sostuvo.
Además de los diputados integrantes, también estuvieron presentes la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rocío Cervantes Salgado; el fiscal especializado en delitos relacionados a hechos de corrupción, Jorge Vera Noyola; y el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Efrain Arriola Ortiz.
Hernández Correa exhortó a los integrantes de esta Comisión a que trabajen coordinadamente para vencer la crisis de legitimidad que padece el quehacer político, respecto de la vigilancia y transparencia de los recursos públicos para propiciar el surgimiento de las virtudes de las personas, en especial de quienes están el frente de las funciones públicas, para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Destacó que con el inicio de los trabajos de esta Comisión también comienza "una nueva etapa" que tiene como objetivo primordial trabajar apegados con los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, todo ello englobado en un actuar ético de la Comisión. Aseguró que precisamente, la ética será la pieza fundamental en la evaluación de las acciones de los entes auditados.
En este sentido dejo en claro que los gobiernos que quieran ser considerados justos deben tener en su estructura individuos íntegros y la ética jugará un papel fundamental en la selección de los servidores públicos que integrarán las administraciones, y en el ejercicio que estos hagan de la función pública, que debe tener como eje central ofrecer un servicio a la comunidad.
Para concluir dijo que no es un secreto la crisis de valores que se refleja en el comportamiento de gobernantes, funcionarios, legisladores y jueces, entre otros lo que ponen de manifiesto una gran necesidad de promover la ética pública como un modo de detener "conductas corrosivas" que afecten directamente al buen funcionamiento de la administración pública y del quehacer político.
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