Lilia Quevedo/Plano Informativo | 03/09/2018 | 00:30
La privatización y las demandas empresariales han vulnerado uno de los principales derechos humanos en San Luis Potosí: el derecho al agua.
Francisco Javier Peña de Paz, investigador del Colegio de San Luis (Colsan), dijo que aunque La Maroma y El Realito tienen una diferencia de magnitud y volumen, comparten la intencionalidad de priorizar el abastecimiento empresarial, dejando de lado el consumo para la comunidad campesina y el uso doméstico.
La academia ha detectado que La Maroma tiene como objetivo principal abastecer las nuevas inversiones industriales en Matehuala, pues hay la intención de generar una Zona Industrial en ese municipio del Altiplano.
“El agua se había pensado desde el principio para esas actividades y no era verdad que se había pensado en la gente, hasta hoy las colonias del norte y del oriente de la ciudad siguen sin tener un abasto regular, es decir, no se había pensado en resolver el problema de abastecimiento humano, sino el problema de abastecimiento industrial, lo cual es una cosa sin sentido porque a las empresas se les consigue esa infraestructura con el dinero de los contribuyentes de la ciudad”.
En la Maroma se piensa quitarles el agua a los agricultores del ejido La Presa, con la finalidad de tener agua para ofrecérsela a nuevas empresas que se instalen en la ciudad de Matehuala: “Eso nos parece un error grave, una injusticia y una inequidad, porque la ciudadanía paga la infraestructura”.
Advirtió que la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) operan como si fueran representantes de las empresas y “hacen lo que esté en sus manos para garantizarles contratos jugosos”.
Otra obra que tiene el mismo tono es el proyecto Monterrey VI, que se planeó para llevar agua de los límites de San Luis Potosí y Veracruz para conducirla por un acueducto de más de 300 kilómetros hasta la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
“Realmente no está pensado para la población, es una cantidad simplemente bárbara, porque es casi la misma cantidad de agua que ya tiene Monterrey, se le lleva en la primera etapa, 5 metros cúbicos por segundo, es una barbaridad”.
Peña de Paz externó que las autoridades deben detener la promoción del trasvase, “porque se llevan el agua de un lugar donde no escurre de manera natural a otro”.
De igual manera se tienen que dejar de hacer esas obras faraónicas, altamente costosas y optar por una gestión de la demanda, de tal manera que en lugar de ofrecer a cualquier empresa, se siga poniendo el énfasis en el consumo de la industria automotriz y la industria química.
Adoptar la responsabilidad de abastecer realmente a la población, a la comunidad, las familias. “En San Luis, los propios datos oficiales dicen que entre el 30 y hasta el 45 por ciento del agua se pierde en fugas de la red de distribución”.
Una de las cosas fundamentales que deben hacer los próximos legisladores es revisar la Ley Estatal de Agua, pues esta ley permite esos procesos de privatización.