San Luis Potosí, SLP.- El regidor presidente de la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de la capital, Gerardo Gutiérrez Turrubiartes, reconoció que la problemática de las ladrilleras se generó debido a los permisos de usos de suelo que se dieron en pasadas administraciones.
“Éste es un problema de mucho tiempo, de muchos años (…), al Ayuntamiento le tocó dar los permisos de uso de suelo, pero en años atrás”.
Aclaró que en lo que va de esta administración no se han recibido solicitudes de permisos para instalar más ladrilleras, ya que previamente el cabildo autoriza este tipo de usos de suelo.
Dijo que el Ayuntamiento capitalino no cuenta con ningún proyecto a ejecutar para regular la contaminación que se genera con las ladrilleras, ya que señaló que éstas deben ser reguladas por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), debido a los materiales que se emplean en la quema para la fabricación de los ladrillos.
“Los que deben de regular este tipo de actividades es la Segam, y esos residuos que se ocupan para la quema, los debe de regular la secretaría, la dirección de Ecología no los regula, solo se encarga de los residuos sólidos urbanos”.
Cabe recordar que durante esta administración se anticipó la existencia de un proyecto que se preveía ejecutar para disminuir los contaminantes generados por las ladrilleras, el cual consistía en la recolección de aceites de automóviles de todos los talleres mecánicos, y a través de un proceso preparar esta sustancia para su quema, sin generar gran problema de contaminación, sin embargo, al día de hoy, no se han dado más detalles del proyecto.
Especialista señala omisión por parte de la Segam
El colaborador del noticiero Contacto Informativo, Carlos Álvarez Flores, especialista en gestión de residuos y cambio climático confirmó que sí es responsabilidad de la Segam clausurar de manera inmediata las ladrilleras del norte de la ciudad, dado que los contaminantes que emiten son altamente tóxicos, violando incluso el Convenio de Estocolmo, del que México es firmante y cuya finalidad es proteger la salud humana y el medio ambiente.
Afirmó que la Ley Ambiental del Estado precisa qué tipo de negocios pueden operar en la entidad, y como regularlo, por lo que no puede excusarse su titular Yvette Salazar Torres de que es el municipio el encargado de entregar los usos de suelo.
Finalmente señaló que el interés de las más de 200 familias que viven del ladrillo artesanal no es superior al de un millón de habitantes afectados por la contaminación, por lo que el Gobierno del Estado debe y es su obligación, dar opciones de desarrollo económico que se alejen de poner en riesgo a la población con enfermedades que van desde la infertilidad hasta cáncer de boca, esófago, estómago, entre otros males, como la diabetes.
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