En el marco del décimo aniversario de la Agrupación Política Estatal
(APE) "Foro San Luis", que preside Miguel Hernández Calvillo, el dirigente
nacional de El Barzón, Juan José Quirino Salas, denunció que en el gobierno
de Marcelo De los Santos Fraga se dio un desvío de recursos por varios
millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos (SEDARH).
Por ello, dijo, se debe hacer un arqueo exhaustivo y una auditoría externa
no sólo a la SEDARH, sino a diversas dependencias del anterior sexenio, a
fin de evitar la impunidad en la depredación delictuosa del erario.
Frente a cerca de 500 personas, entre productores, dirigentes de
organizaciones, y profesionistas, Quirino Salas anunció además el
relanzamiento de este movimiento social en el estado potosino y en el resto
del país.
Informó que El Barzón cuenta ya entre sus agremiados a productores
agropecuarios, comerciantes, industriales y prestadores de servicios que han
sido muy golpeados por la crisis económica que enfrentamos los mexicanos.
Explicó que este movimiento será un frente jurídico, político y social, en
defensa del patrimonio de las familias y trabajadores del país con el fin de
librar lo mejor posible la emergencia financiera que viven la mayor parte de
ciudadanos, sobre todo a raíz de una política de corte neoliberal que
impulsa el gobierno federal y que afecta sobre todo a los más pobres.
Como se recordará, El Barzón se originó a raíz de la crisis de 1994,
convirtiéndose pronto en un referente de lucha nacional a favor de los
afectados, entre ellos miles de pequeños y medianos empresarios, cuyas
empresas sufrieron colapsos económicos.
En ese entonces se dieron incluso casos de suicidio de deudores que no veían
otra salida a la crítica situación de insolvencia. Quirino recordó que
entonces El Barzón se constituyó, como sucederá ahora, en el más formidable
dique a los abusos de la usura bancaria y en un constante crítico de la
política neoliberal implementada en los últimos sexenios.
El dirigente social anunció una segunda etapa del movimiento, planteando la
necesidad de que una vez salvado el patrimonio de los deudores, sus bienes
muebles e inmuebles, tierras, maquinaria, etcétera, no se conviertan en
"bienes de manos muertas", sino que tengan la posibilidad de ponerlos a
producir mediante la liberación de créditos frescos a la productividad.
Situación que debe -dijo- exigirse al gobierno federal, a los estatales y
municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, a través de la
gestión transparente, democrática y oportuna de proyectos productivos.