San Luis Potosí, SLP.- La falta de regulación en el destino de los desechos industriales y de un plan estratégico para generar confinamientos alejados de poblaciones vulnerables, ha ocasionado que las empresas radicadas en San Luis Potosí, utilicen mecanismos poco ortodoxos.
En el estado no hay un tiradero industrial certificado, específicamente no hay uno avalado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) o por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por tanto el destino de la basura de las industrias es incierto.
Depositar de manera legal los residuos industriales cuesta hasta 30 mil pesos al no existir confinamientos estatales, por lo que algunas empresas potosinas trasladan sus residuos hasta Nuevo León o Coahuila, proceso que los industriales califican como “excesivamente caro”, pues por un flete de 30 toneladas tienen que pagar de 20 a 30 mil pesos.
Pero la historia financiera no termina ahí, también se tiene que pagar al estado para que les reciban la basura.
Gran parte de los residuos, terminan en las ladrilleras. Los combustibles, aceites, metales, llantas, plásticos y otros desechos son utilizados por los productores de ladrillo. Como buenos ahorradores, también utilizan formas poco ecológicas para trabajar. Quemar residuos industriales es más barato que radicar en un parque ladrillero.
Las colonias Guanos, Tercera Chica, Tercera Grande y algunas otras de la periferia son las zonas donde se recibe la mayoría de los desechos industriales. En estas colonias están las ladrilleras.
Debido a la falta de regulación, las empresas “se las han ingeniado” para generar sus propios mecanismos de separación de basura.
En el país, solo 2 son especializados
“Los residuos líquidos son manejados como combustibles secundarios y aquí su salida principal son las cementeras, el volumen de residuos que son capaces de manejar los confinamientos existentes con las cementeras, no abarcan en su totalidad lo que debería de manejar, porque son dos para todo el país (Nuevo León y Coahuila), señaló Fernando Díaz Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El académico lamentó que la creación de confinamientos “siempre pasa por encima de las comunidades”, la cercanía del recinto de desechos, comprometería la integridad física de los habitantes cercanos al tiradero. Los intentos por colocar un tiradero tóxico en Palula, Santo Domingo, es un claro ejemplo de ello.
“Con justa razón, las comunidades van rechazando los proyectos que han querido instalar, este se vuelve un círculo vicioso. Necesitamos confinamientos pero no podemos instalarlos porque los empresarios no toman en cuenta a las comunidades locales, nadie quiere vivir junto a un confinamiento”.
Para instalar un confinamiento, se deben considerar varias vertientes: la existencia de agua subterránea; la lejanía de las poblaciones para evitar daños a la salud; el fácil acceso; y una vía carretera alterna, algo que también tendría que considerar la Junta Estatal de Caminos (JEC).
Para los empresarios de la Zona Industrial, la creación de un confinamiento estatal o por lo menos uno regional, es urgente debido a la demanda y al crecimiento industrial que ha presentado San Luis Potosí en los últimos años.
Se debe terminar con este desorden: D'Argence
El presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D'Argance Villegas, señaló que aunque hay empresas que han optado por pagar miles de pesos para trasladar los residuos a lugares óptimos, hay otras que prefieren utilizar medidas poco saludables para la ciudadanía.
“Tiene que haber un lugar autorizado por las autoridades estatales y federales para que no haya este desorden, lo peor de todo es que hay contaminación del subsuelo; cuando llueve, las oxidaciones de las sustancias peligrosas se van al subsuelo contaminando los mantos acuíferos”.
El contacto del residuo industrial con la naturaleza y los efectos climatológicos podrían generar que esas partículas se propagaran por toda la capital potosina, generando fuertes problemas de salud, a mediano y largo plazo.
Hasta el momento, únicamente se conoce el proyecto del confinamiento tóxico en Palula, Santo Domingo. De acuerdo a un peritaje proporcionado por la Procuraduría General de la República (PGR), el tiradero se construiría en Mazapil, Zacatecas.
Solicitan recursos para rellenos sanitarios municipales
El diputado Héctor Mendizábal Pérez convocó a las autoridades federales y estatales para que se brinden facilidades a los ayuntamientos para acceder a programas extraordinarios para la creación de rellenos sanitarios y, con ello, se pueda garantizar el control, manejo y disposición de los desechos domésticos de sus respectivas demarcaciones.
Lamentó que al cierre del 2017, la mayoría de los ayuntamientos hayan resultado con sanciones de las autoridades ecológicas ante el incumplimiento de las normas ambientales que les obliga a contar con un relleno sanitario.
“Sobre los rellenos sanitarios se debe tener mucho cuidado y revisar cuál es el marco jurídico que les aplica para apegarse a él, por otro lado, el llamado se debe hacer a las instancias de ecología con el fin de que se obligue a los ayuntamientos a que destinen recursos suficientes para la construcción e infraestructura que permita la recolección de la basura”.
