El linchamiento mediático que amenaza a varios diputados del Congreso del Estado con su retiro a partir de una “licencia” tiene un origen muy singular.
Crispín Ordaz, alcalde de Ébano, es prosélito de la senadora Sonia Mendoza Díaz, quien es una de las varias cabezas que tiene el llamado “círculo azul” del PAN.
Enrique Flores Flores es seguidor fiel de Héctor Mendizábal Pérez, otra de las cabezas visibles del propio “círculo azul” panista.
El desarreglo en el citado grupo no tiene origen conocido. Pero hace tiempo que se divulga que el reparto de culpas cuando perdieron la gubernatura con Sonia a la cabeza, ha sido la causa de que lleguen a darse hasta con la cubeta. Y -por lo visto- son más bravos que un león.
Crispín es un tipo habilidoso y temido por las relaciones que se le atribuyen. Desordenado en las tres administraciones alternadas que ha presidido, quiso llegar con Flores Flores y ponerle un cuatro. Lo logró.
La senadora tiene las vías abiertas para hacer llegar cualquier video-confesión al medio que mejor le plazca. No es mérito reporteril atender las “filtraciones” de la senadora a través de su equipo. Lo sabemos en el medio.
Pero ni ella ni Crispín tenían la menor sospecha de lo que iban a destapar. Pensaban que con joder a Enrique Flores sería suficiente. Lo demás sería cosa de la dirigencia de su partido. Pero Xavier Azuara se dio media vuelta y se puso exigente junto con empresarios y hasta con religiosos. De su partido destaparon la cloaca y Azuara puso el ventilador para dispersar los olores por todo el escenario potosino. Ahora el PRI, el PRD y el Verde Ecologista le van a mentar su madre pero eso le vale.
Si Oscar Bautista Villegas, del PRI; José Guadalupe Torres, del PRD; y Manuel Barrera Guillén, del Verde Ecologista, son diputados que reciben sobornos de los presidentes municipales para enderezar sus cuentas con la complicidad de Abraham Reinhardt Guerrero, ahora despedido de la Auditoría Superior del Estado, lo más sencillo será comprobarlo documentalmente. La caída por efecto dominó les afecta solamente para las elecciones del año próximo. Hasta entonces tienen fuero.
Esto no acaba todavía. La cuenta de Crispín Ordaz no pasará. Debe explicar qué hizo con 40 millones de pesos y será entonces que su futuro podría cambiar. La cárcel es un camino que ya conoce. Estuvo ahí cuando Héctor Mayorga -siendo el Auditor Superior del Estado- le responsabilizó de desviaciones millonarias. Y Enrique Flores con Héctor Mendizábal se la tienen guardada.
Así que, por culpa del PAN, San Luis anda en boca de propios y de extraños. Los empresarios piden cosas que no son viables, la Iglesia Católica se une al coro y pide lo que no exige con sus pecadores sacerdotes, los funcionarios en el gobierno quieren aprovechar el despelote y sacar ventaja, y que el señor gobernador no pueda ni saborear un taco a gusto.
LA BORUCA
La C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, nueva Auditora Superior del Estado, puntualizó ayer que “nuestra tarea inmediata es terminar con el proceso de aprobación por parte del Congreso del Estado de los informes emitidos por la Auditoría Superior del Estado, tanto municipales como de los organismos autónomos y de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya que tenemos como plazo hasta el 30 de junio para que se aprueben en el Congreso del Estado”. Explicó que será el pleno del Congreso local quien tome la decisión final de aprobar o tomar la decisión de regresar a comisiones los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado, sobre los 113 entes auditables.
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La Oficialía Mayor del gobierno del Estado notificó el jueves a María de Jesús Almendárez Prieto su reincorporación a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), con lo que se acredita de manera fehaciente el cumplimiento del segundo punto de la recomendación 03/2017 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) informó que en el periodo comprendido del 8 al 13 de junio de este año, detuvo a 18 personas por diversos delitos, destacando seis por homicidio, cinco por violación, una por delitos contra la salud, tres por robo calificado y el resto por delitos menores.
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Como parte del compromiso adquirido durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que San Luis Potosí será sede de la Reunión Regional Noreste de Reguladores de Seguridad Privada, a celebrarse el próximo 21 de junio. El general Arturo Gutiérrez García, secretario de Seguridad Pública del Estado, señaló que esta reunión busca la integración, operación y funcionamiento del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, a través de la propuesta de celebración de un convenio de colaboración.
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¡CALLEN ESA BORUCA!
@pedrocervantesr
