Los padres de Mireya Agraz Cortés planearon junto con su hija la muerte de ellos mismos y de sus tres nietos, luego de que el padre de los menores, acusado de abusos contra su propia familia, ganó la custodia.
Una nota hallada en el domicilio de la colonia San Jerónimo Lídice, donde estaban los cuerpos, fue escrita por el abuelo, Enrique Agraz, y estaba dirigida a otro de sus hijos, también de nombre Enrique.
"Nos tomamos un coctel de pastillas molotov, si no nos hizo a tu mamá y a mí, un tiro a cada uno con la 25 Quique”, tu papi.
Fuentes cercanas a la investigación del caso explicaron que la nota estaba dirigida a un hermano de Mireya, y presuntamente no tenía conocimiento de los planes de sus padres y de su hermana.
Mireya denunció en octubre pasado, con Francisco Zea, en Imagen Televisión, que su niño comenzó a mostrar signos de violencia sexual desde los tres años.
La sustancia que ingirieron aún es desconocida. El mismo medicamento fue suministrado a los menores. La decisión del suicidio se habría tomado tras el resultado desfavorable de un juicio de guarda custodia con el exesposo de Mireya.
El hecho ocurrió la noche del martes y los cuerpos fueron hallados por un empleado de la familia, que fue contactado por Enrique, luego de que éste estuvo marcando por teléfono y nunca le contestaron.
Dentro del domicilio, en San Bernabé 907, San Jerónimo Lídice, delegación Magdalena Contreras, yacían los cuerpos de Emiliano, de nueve años, y las gemelas Arantza y Regina, de seis.
Ahí estaban también los cuerpos de la mamá de los menores, Mireya, y del abuelo, Enrique, de 70 años. La abuela, Rosa María, de 60, sobrevivió. Al cierre de esta edición aún estaba grave.
En los cuerpos de los menores había una biblia acomodada entre sus manos.
Enrique, hermano de Mireya, explicó que hace año y medio ella terminó su relación conyugal con Leopoldo Olvera Villa, a quien acusó de hacerle tocamientos a las niñas, lo cual no fue comprobado por las autoridades.
Médicos del Instituto de Ciencias Forenses establecieron el deceso como congestión visceral generalizada, por lo que solicitaron estudios histopatológicos y de sangre para toxicológicos, y determinar la sustancia que ingirieron. Ya se les practicó la necropsia.
Autoridades ignoraron a la madre
Jesús Mora Larrizábal, abogado de la madre que envenenó a sus tres hijos, a sus padres y luego se suicidó, acusó a las autoridades de no atender el caso de supuesto abuso sexual del padre de los menores, quien denunció a su cliente en vida.
El defensor de la madre de los niños envenenados señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que la decisión de la mujer “fue producto del acoso por varios años de su ex esposo, además de que ella buscó el apoyo de las autoridades familiares, ante la Procuraduría de la ciudad, pero no recibió ese apoyo, incluida la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”.
Mora Larrazábal solicitó, según dijo, “un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, pero que la jueza décimo primero de lo familiar, Araceli García Lara, “no tomó en cuenta la opinión de los mejores, se excusó y lo envió al siguiente juzgado”.
Según la versión de la madre, los niños sufrían de abuso sexual de su padre, quien presuntamente es abogado y de quien no se tienen mayores datos.
Según los primeros datos de la investigación, la mujer padecía una profunda depresión desde 2014, año en que el Juzgado 11 de lo familiar le notificó la pérdida de la custodia de sus tres hijos; fue multada dos veces porque se negaba a la orden judicial.
A pesar de que el padre había ganado la custodia, sólo veía a los niños entre cinco y 10 minutos a la semana en instalaciones “seguras” que proporcionaba el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
La madre exigía garantías de que no se los llevara; sin embargo, los niños al ver al padre de inmediato lloraban.
A los infantes les realizaron a pruebas sicológicas y el juzgado determinó “alienación parental”; según los exámenes que les practicaron, los niños fueron inducidos para tener cierto resquemor al papá.
Con los antecedentes, el problema se agudizó y la juez le notificó entonces que debería entregar los niños al padre o, de lo contrario, tendrían que llevarla presa.
El expediente destaca que la madre denunció en dos ocasiones al papá, lo acusó de violación y violencia doméstica; sin embargo, no se ejerció la acción penal, pues aparentemente todo quedó en los dichos, ya que los peritajes que le realizaron salieron negativos. La juez que llevaba el caso también fue notificada de este hecho y abonó en contra de la madre.
