La operación contra el narcotráfico puesta en marcha hace diez meses por el Presidente filipino, Rodrigo Duterte, se ha cobrado la vida de entre 8 mil y 12 mil supuestos drogadictos y traficantes, afirmaron varias ONG tras el informe que presentó el país insular sobre su situación de derechos humanos.
"La vida humana se ha vuelto barata en Filipinas", lamentó Budit Carlos, de la Alianza para los Defensores de Derechos Humanos de Filipinas, que acusó en una conferencia a Manila de promover la erradicación de una parte de la sociedad y señaló a las fuerzas policiales como responsables de dos tercios de los homicidios.
Además, según este activista, en dicha operación se han cometido con total impunidad ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos de vecinos o vigilantes, en una ola de violencia que ha causado, aseguró, entre 8 mil y 12 mil muertos, 6 mil viudos y viudas, 18 mil niños huérfanos y 12 mil padres que han perdido a sus hijos.
El Gobierno filipino reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos que la campaña contra las drogas ilegales pretende evitar que el país se convierta en un narcoestado.
"La situación real en el país es muy grave y las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, detenciones ilegales y persecuciones a periodistas y líderes indígenas continúan en el país", declaró por su parte Jigs Clamor, de la Alianza para el Progreso del Pueblo Filipino.
De parte de la ONG Human Rights Watch, su representante John Fisher pidió que se lleve a los responsables de estas muertes ante la Justicia.
Pese a no ofrecer cifras, la representante del Centro de Desarrollo para los Derechos Legales de los Niños, Rowena Legaspi, aseguró que menores fueron considerados objetivos de esta campaña masiva para erradicar el consumo y la venta de drogas.
Legaspi expresó además su preocupación por la ley que pretende reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los nueve años, y acusó a Duterte de criminalizar a los menores.
Los defensores de derechos humanos han criticado, además, la intención de Manila de volver a instaurar la pena de muerte en el país, algo que vulnera los tratados internacionales de los que Filipinas es signatario, dijo Nilda Sevilla, representante de la ONG Familias de Víctimas y Desaparecidos.
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