Suspensión de derechos y garantías debería ir a consulta pública: Diputado

 El diputado Rafael Hernández Soriano llamó a aprobar una minuta del Senado a la ley reglamentaria que regula el proceso para la suspensión de derechos y garantías, que “técnica y jurídicamente puede ser perfectible”.

Al inaugurar el Tercer Foro Nacional: Prevención del Delito, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos Humanos, el secretario de la Comisión de Gobernación señaló que dicha medida debe ir acompañada de una vigilancia exhaustiva por los ciudadanos, autoridades y especialistas.

“El país requiere en este momento una medida de este tipo, porque así como está la Constitución sin ley reglamentaria, podría haber ausencia o permeabilidad del Estado mexicano”, puntualizó.

Durante el acto organizado por la Red Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la fundación “Hagamos más por México”, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las cámaras de Diputados y Senadores, el legislador perredista expresó que la minuta a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional debería conocerla la ciudadanía para que le dé su respaldo.

Para “que pudiera tener todo el respaldo, debería ser consultada con la población y organismos de la sociedad civil, de manera que no quede en mera posición política. En el PRD iniciamos una consulta a estos último para analizar las consecuencias sobre regular la excepción de garantías”, indicó.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que la Comisión de Gobernación en San Lázaro aprobó en marzo el dictamen de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política, con el objeto de regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de derechos y garantías.

El objetivo de esta reforma es que el Ejecutivo federal haga uso de sus facultades para enfrentar amenazas y emergencias en territorio nacional.

Para concluir el proceso legislativo en comisiones y que pueda ser discutida y votada en el pleno camaral, la minuta también tiene que ser aprobada por la Comisión de Derechos Humanos.

Hernández Soriano señaló que decir a ciegas que se le está otorgando todas las facultades al Ejecutivo federal para suspender las garantías muestra desinformación.

Recordó que esa facultad existía “desde la reforma juarista de 1857, donde era suficiente que los ministros firmarán a favor del decreto de suspensión de garantías, y se conservó en la reforma de 1917 en la que el Constituyente resuelve mantener esta redacción”.

Aseveró que existe un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual “especifica derechos y garantías que son intocables y ha sido firmado por el Estado Mexicano”.