Ocupación infantil, 18% de la niñez potosina trabaja

En los municipios de Catorce, Cedral, Guadalcázar, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de Arista se tiene documentada la presencia de niños realizando trabajo agrícola, informó Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, en un reporte llevado a cabo en 2014.

La legislación potosina establece como tope mínimo para desarrollar labores agrícolas, la edad de 15 años tanto para niños como para niñas, pese a ello, el 18 por ciento de los niños potosinos de entre 5 y 17 años trabajan y casi el 50 por ciento de estos niños trabajadores, no reciben instrucción académica alguna.

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México FAO revela que en la actualidad, cerca del 60 por ciento del trabajo infantil en el mundo, lo que equivale a 98 millones de niñas y niños se lleva a cabo en el sector de la agricultura, este hecho resulta perjudicial debido a que perjudica al mundo rural al perpetuar la pobreza.

Si bien en los ámbitos rurales es común que niñas y niños trabajen de manera no remunerada ayudando en las actividades familiares propias de su entorno, no se considera que vulneren su integridad mientras no pongan en riesgo su bienestar físico y mental. La FAO considera trabajo infantil como aquellas actividades que impiden la educación y pleno desarrollo de los menores, un menor de edad que realice actividades que lo cansen a tal grado que no le permitan tener energía para ir a la escuela al día siguiente, estaría realizando trabajo infantil.

En septiembre del 2014, Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. Presentó un diagnóstico sobre la problemática de los jornaleros migrantes en los campos de cultivo de los municipios de Catorce, Cedral, Guadalcázar, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de Arista, ubicados en el altiplano potosino.

En este informe se señala que a pesar de que la ley establece los 15 años de como edad mínima para desarrollar labores agrícolas, en ranchos de Matehuala, Vanegas y Villa de Guadalupe se tiene documentada la presencia de niñas y niños trabajando en estas actividades. Se resalta también que en estos ranchos no se cuenta con servicios educativos ni guarderías, lo cual contraviene lo establecido por las leyes y tratados que señalan que niñas y niños deben de tener oportunidades educativas y de desarrollo.

Respuesta Alternativa hace énfasis en que muchos de los menores no hablan español pues provienen de diferentes partes del estado de Guerrero. Muchos de los menores y sus acompañantes que provienen de otras entidades no hablan español y no cuentan con un traductor, lo cual aumenta las posibilidades de abusos y violaciones a sus derechos humanos y laborales.

El panorama de los infantes trabajadores en el estado es incierto debido a que no se cuenta con la información suficiente sobre las niñas y niños que laboran en la entidad, lo cual complica se puedan tomar medidas específicas que garantice la no existencia de menores desempeñando trabajos que condicionen su dignidad, desarrollo físico, emocional, educativo, familiar, entre otros.

Estos son datos que deben tomarse en cuenta para poder realizar acciones que aseguren no se vulneren los derechos de los menores. El Módulo de Trabajo Infantil 2013 realizado por el INEGI revela que en el estado de San Luis Potosí el 18 por ciento de los menores de entre 5 a 17 años trabajan; de estos 65 mil 202 menores trabajadores el 36 por ciento no recibe remuneración alguna. De las niñas y niños trabajadores el 37 por ciento no asiste a la escuela. Pese a que la tendencia global es que la mayoría de los niños trabajen en el sector agropecuario, en San Luis Potosí el 30 por ciento de los menores que trabajan lo hacen en el sector primario, el 18 por ciento en manufacturas e industria de la transformación y el 50 por ciento de los menores trabajadores en el estado se desempeñan en el sector comercial y de servicios.

Sin duda alguna, el trabajo infantil es un tema en el cual las autoridades correspondientes deben poner énfasis de vigilancia y así garantizar que en SLP las niñas y niños cuenten con las oportunidades que les garanticen un desarrollo integral y el pleno respeto a sus derechos.