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GUANAJUATO, Gto.
El Universal | 06/02/2009 |
El Procurador de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell ofreció una disculpa a los familiares del agricultor Vicente Palomo Rodríguez que murió por la tortura que le aplicaron elementos de la policía ministerial.
Vicente Palomo recibió golpes de servidores públicos, quienes le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y le aplicaron toques en la cabeza y entre las piernas.
El miércoles, la Procuraduría estatal de los Derechos emitió nueve recomendaciones al Procurador de Justicia al acreditar la tortura -clasificado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como un crimen internacional de lesa humanidad-.
En el 2005, el Procurador firmó el compromiso para
instaurar en Guanajuato el Protocolo de Estambul para erradicar la tortura.
Este jueves por la mañana, Chowell aceptó las recomendaciones de la ombusdman y como primer respuesta ofreció disculpas a los deudos y garantizó que el hecho no quedara impune.
"Hecho por demás reprobable, como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ofrezco la más amplia y sentida disculpa a los deudos del señor Vicente Palomo Rodríguez, garantizándoles que no admitiremos que el mismo quede impune y que ante las circunstancias en que se suscitó, entendemos su dolor y la exigencia de su esclarecimiento" dijo en rueda de prensa.
El martes 20 de enero, Palomo Rodríguez fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia en el municipio de San Felipe y murió cuando era interrogado al estar supuestamente implicado en el robo de vacas.
Como consecuencia, los policías Daniel Méndez Basaldúa y José Zavala Rodríguez Fuentes fueron procesados por el homicidio y en su declaración ante el juez penal confesaron que junto con otros de sus colegas agredieron a Palomo.
A su vez, la ombusdman recomendó que se inició una averiguación previa en contra de seis funcionarios más involucrados hecho: Juan Antonio Peña Arias, Francisco Sandoval Ramírez, Juan Carlos Durán Silva, Laura Beatriz Calvillo Correa, agente del Ministerio Público y Patricia Amaro, radio operadora y del coordinador de homicidios de la Subprocurduria de Investigación Especializada.
"En este contexto, y en congruencia con el compromiso institucional que tenemos frente a la sociedad, se aceptan, en el marco de nuestras atribuciones, las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado... habremos de tomar las medidas pertinentes para darles pleno cumplimiento", añadiò Chowell.
