México es el único país de la OCDE que no tiene un servicio civil consolidado. Durante todo el siglo XX fue imposible establecer reglas de ingreso, ascenso y salida de los cargos públicos basadas en el mérito profesional y en la ética de la responsabilidad, porque los puestos disponibles se repartían conforme a la lógica del régimen autoritario: como botín de guerra entre los vencedores sexenales, con quienes se articulaban redes de lealtad política de beneficio mutuo. Siempre fue uno de los pilares principales de ese régimen.
Parecía posible que, tras la alternancia en los mandos de Los Pinos, esa lógica cambiara y México viera por fin el nacimiento de un servicio público profesional, imparcial, estable y fuerte. Esta esperanza creció con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 2003 que, a pesar de sus graves errores de diseño y de su barroquismo calculado, abrió la puerta para pensar y construir con seriedad los medios necesarios para ir abandonando aquel sistema de botín.
Empero, tras cinco años de vigencia, esa ley no sólo sigue siendo una excepción a la regla general, sino que aparece ya como una franca anomalía en la cultura y en las prácticas más aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón. Al principio, se creyó que el servicio de carrera no lograba prosperar debido a las deficiencias que acumuló su puesta en marcha, asentada en una reglamentación tan compleja como contradictoria. Pero en 2007, esas trabas quedaron abrogadas por un nuevo reglamento que apostó por una mayor descentralización operativa, un mejor control normativo de la secretaría responsable del sistema y una mayor vigilancia pública.
No obstante, esa reforma tampoco ha logrado despegar: los métodos tradicionales siguen vigentes y la mayor parte de los puestos de la administración pública siguen repartiéndose entre leales.
No es cosa sencilla establecer un sistema de carrera. Pero es mucho más difícil cuando el propio jefe del Ejecutivo se declara abiertamente favorable a privilegiar las lealtades personales en sus designaciones, antes que evaluar las competencias o la trayectoria de sus colaboradores. En una franca negación de los valores de un sistema democrático, el Presidente ha optado por los nombramientos de sus amigos y sus partidarios en los puestos públicos, de modo cada vez más extendido, como si la campaña no hubiera terminado y el aparato del Estado fuera en realidad un aparato de partido.
Lo peor es que esa idea forma parte de una subcultura que goza de amplia aceptación, forjada largamente durante el régimen del PRI. Que los jefes nombren libremente a sus subordinados y que éstos respondan con lealtad individual a quien los designó es algo normal en la burocracia mexicana. Así fue siempre, aun a despecho de que los salarios vinieran del erario público y ellos estuvieran investidos de autoridad y responsabilidades públicas.
Como si la democracia fuera cosa de turnos y los puestos patrimonio temporal mientras el plazo corre, el Presidente no sólo se ha desentendido de la profesionalización del servicio público en México sino que ha enviado, de manera pública y deliberada, la señal contraria: lo que importa para estar en el gobierno es la lealtad a su causa personal.
