De mal en peor están las
cosas para el Partido de la Revolución Democrática y para los perredistas. Es
sabido que la elección del 16 de marzo pasado no sólo no se ha resuelto, sino
que cada día se adentra más y más en complejidades que nos hacen predecir que,
al final, cuando llegue la solución: el dictamen del Tribunal del Poder
Judicial de la Federación, consistente en la reposición del proceso de elección
de dirigencias nacional y estatales, poco habrá quedado del instituto político.
Es un hecho que la acre
disputa por el control del PRD a nivel nacional, tiene puntuales reflejos en
los acontecimientos del PRD en San Luis Potosí donde quien obtuvo el mayor
número de votos no ha logrado asentarse en la presidencia: Domingo Rodríguez Martell.
Y es que a Domingo Rodríguez Martell le ha ganado
la prisa, y en la prisa por asentarse ha cometido imprudencias, si no es que
algo más que eso. Hemos visto que, conforme transcurre el tiempo, Rodríguez Martell ha sido capaz de
tomar por asalto las instalaciones del PRD en Tresguerras 210 de la colonia
Moderna; se ha apoderado de la documentación oficial e, incluso, de las
chequeras de la Secretaría de Finanzas.
Al través del
representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral, Rafael Hernández Estrada –según afirma el presidente del Consejo
Estatal, Antonio Hernández Andrade--,
ha logrado un falso reconocimiento con el objeto de contar con atribuciones
para recibir las prerrogativas económicas del partido, aún cuando la validez de
la elección no ha sido obsequiada ni por la Comisión Nacional de Garantías y
Vigilancia del PRD ni por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en donde se mantienen por lo menos tres impugnaciones sin solución.
El viernes por la noche, Rodríguez Martell y sus seguidores,
apoyados por trabajadores del servicio de mudanzas, contratados para “trasladar
la sede del PRD de Tresguerras 210 a la avenida Himno Nacional, casi esquina
con la calle de 12 de octubre”, podría haber incurrido en el presunto delito de
robo, al forzar la entrada del inmueble contratando a un cerrajero y al sacar,
sin que se hubiera protocolizado la entrega-recepción correspondiente, el
mobiliario y la documentación oficial.
El domingo pasado (ayer) Rodríguez Martell trató, por tercera
vez de protocolizar la toma de protesta al través de la convocatoria a un
Consejo Estatal que a su vez no ha cumplido con el protocolo de la toma de
protesta, como indican los estatutos
del sol azteca, sencillamente porque la Comisión Nacional de Garantías y
Vigilancia no ha resuelto las impugnaciones y porque en este sentido no ha
comunicado la calificación de validez de la elección al Comité Ejecutivo
Nacional y este, por lo mismo, no ha emitido la constancia de validez ni ha
convocado al Consejo Estatal para la toma de protesta.
Rodríguez Martell, por su parte, asegura que detrás de estos
obstáculos se encuentra una misteriosa mano
azul, aunque no se ha atrevido a decir nada más al respecto, sugiere que
los intereses del PAN y del gobierno emanado de ese partido están enfocados a
afectarlo; el Comité Directivo estatal prorrogado y el Consejo Estatal,
encabezados por los profesores Miguel
Ángel Campillo Bravo y Antonio Hernández Andrade, aseguran que
son Rodríguez Martell y el ex
secretario general del CDE del PRD, Felipe
Abel Rodríguez Leal, quienes se encuentran bajo el protectorado de las
autoridades estatales, como lo prueba el hecho de que la demanda interpuesta
por el saqueo de documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas ni siquiera
fue atendida en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
