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Mi Ciudad 07/08/2008

Jorge Fernando Canseco
Plano Informativo | 07/08/2008 |


PERO DESDE LUEGO que las tierras que se encuentran legal y legítimamente en poder de los comuneros de San Juan de Guadalupe, que les fueron suministradas primero por Fernando VII, rey de España en el siglo XVII y, luego, en los años 50, mediante decreto presidencial por Adolfo Ruiz Cortínez, despiertan la codicia de cualquiera.

Y ES QUE se trata de una extensión que equivale a la superficie total que ocupa actualmente el área urbana y, también la rural, de este municipio capitalino. La dotación original a los comuneros de San Juan comprende 14 mil 860.60 hectáreas, ni más ni menos.

SI BIEN ES CIERTO que la problemática de esa comunidad de origen étnico (guachichil) data de mucho más tiempo atrás (un gobierno estatal, el de Antonio Rocha Cordero, sintiéndose generoso obsequió a los maestros la colonia magisterial Ponciano Arriaga, otra administración, la de Carlos Jonguitud, construyó la Secretaría de Educación sobre la propiedad comunal), pero fue en la década de los 80, precisamente cuando la situación se volvió más y más compleja, luego de que el gobierno comenzó a entregar como premio a quienes favorecían al PRI en los procesos electorales esos terrenos.

ASÍ NACIERON los llamados Juanes Perreros, encabezados por Juan Fidel Cruz Campos. Un grupo de comuneros que para sobrevivir vendían cachorros de perro en el pasaje comercial Hidalgo, de allí su nombre; fueron éstos los encargados de “asignar” terrenos y, para ello fueron electos, en un truculento proceso como autoridades comunales.

INCERTIDUMBRE. Sólo para hacer notar la incertidumbre de los comuneros de San Juan, recordamos que un delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Adalberto Puente Pérez, no resistió la tentación de hacerse de un terreno a sus costillas, en un evidente abuso de autoridad que nunca se sancionó.

HUBO, EMPERO, una administración que tuvo la oportunidad de ofrecerles a los comuneros la certidumbre de la propiedad, la encabezada por Fernando Silva Nieto, pero éste, en lugar de ofrecer esta solución, en lugar de parar a los vendedores ilegales de tierras que por ley no se pueden dividir, vender ni enajenar, simuló una acción de compra venta con dos familias de inexistentes pequeños propietarios a los que entregó una suma cercana a los 70 millones de pesos por dos predios: Casa Blanca y La Ladrillera.

SI PAGÓ el entonces gobernador la cantidad señalada, no lo sabemos; pero la acción de compra-venta se realizó por esa cantidad; o mejor dicho, las acciones de compra-venta, porque fueron dos.

SOBRE ESTOS predios se fincó una serie de recursos jurídicos que están lejos de concluir; los comuneros han demostrado que se encuentran al interior del polígono de la dotación presidencial y, en consecuencia no pueden ser objeto de transacciones comerciales, según la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional referente a las comunidades agrarias que siguen siendo descritas de esta manera: indivisibles, imprescriptibles e inajenables. Lo que esta ley reglamentaria modificó en 1991 fue la figura de los ejidos.

SILVA NIETO, para no dar marcha atrás, para no reconocer que la simulada compra venta de esos predios no fue sino un abuso de poder, comprometió entonces su donación a dos universidades: la Universidad Politécnica y la particular Universidad San Pablo.

EN LA COMUNIDAD estos lunares gubernamentales no son los únicos problemas, ya que hay en el polígono de la dotación presidencial, por lo menos un mil 500 invasiones y asentamientos irregulares que han sido denunciados en tiempo y forma a las autoridades pero… sin que ninguno, uno solo se haya solucionado.