Alfonso Navarrete Prida, primer Procurador del Estado de México en asumir la averiguación, dijo al principio que el resultado de su pesquisa iba a ser "una gran sacudida al escenario nacional", pero el caso se fue diluyendo hasta quedar en la impunidad. El 5 de diciembre de 2004, el cuerpo del hermano del ex Presidente Carlos Salinas fue hallado en un vehículo en Huixquilucan, entonces gobernado por David Korenfeld.
Según la necropsia, murió de "asfixia por sofocación por obstrucción de las vías respiratorias altas". Aunque tenía huella de algunos golpes en la cara, las autoridades descartaron que hubiese sido torturado. A mediados de 2005, Navarrete Prida apuntó sus investigaciones hacia Humberto Castillejos Cervantes, colaborador de Rafael Macedo de la Concha y coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora, Procuradores durante el panismo.
"Se ha establecido, en forma indubitable, que el entonces asesor de la PGR en asuntos internacionales (Castillejos) contactó a una persona cercana al entorno del ingeniero Salinas. "El aparato telefónico del que se realizaron las llamadas estaba registrado a nombre de su padre, Marcos Castillejos", dijo entonces Navarrete. No ocurrió nada con el joven abogado Castillejos, en aquel entonces cuñado de Cárdenas Palomino.
Desde que ocurrió el homicidio, sólo dos policías pasaron un poco más de un año en la cárcel, pero consiguieron su libertad porque eran ajenos a la supuesta extorsión de la que Enrique fue víctima. José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), fueron encarcelados en julio de 2005, pero el 20 de octubre de 2006 salieron absueltos del Reclusorio Norte.
Los dos elementos, que pertenecían a la Dirección General de Despliegue Regional de la AFI, fueron acusados del delito de tentativa de extorsión, aunque nunca hubo un solo dato que probara que tuvieran contacto con Salinas. Ambos estuvieron encargados de ubicar los inmuebles de Enrique, por pedido de la Interpol Francia, después de que el 23 de abril de 2004 el Juez de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia en París ordenara su arresto.
Los otros elementos de la AFI que fueron citados a declarar por la Procuraduría del Edomex y que tenían relación con el caso, pertenecían a la Dirección General de Investigación Policial, que estaba a cargo de Luis Cárdenas Palomino. Algunos de ellos eran los comandantes Édgar Eusebio Millán Gómez e Igor Alfredo Labastida Calderón. Ninguno de ellos fue imputado penalmente.
En el Municipio de Huixquilucan falló el sistema de monitoreo.
Si bien las cámaras grabaron el momento en que abandonan el cadáver, nadie acudió de inmediato y las tomas del circuito cerrado fueron desviadas en el momento de la inspección del vehículo. Tampoco hay policías en la cárcel por estas graves omisiones.
En algún momento, la Procuraduría del Estado de México también dirigió sus pesquisas hacia Mariano Flores Arciniega, abogado de Enrique Salinas, a quien arraigó y luego consignó por falsedad en declaración y tentativa de extorsión, pero el litigante quedó libre. El 14 de agosto de 2005, la Procuraduría mexiquense turnó la averiguación previa a la PGR, para que aclarara y, en su caso, sancionara, a los funcionarios federales y agentes de la AFI probablemente implicados en los hechos.
Desde entonces, nadie ha sido responsabilizado y, de hecho, el propio Navarrete dijo que la PGR no le presentó a algunos de los elementos policiacos que estaban bajo investigación.
Fue el caso de Eleazar Rubén Muñoz Valdez, subcomandante de la Coordinación de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la AFI, quien según el entonces Procurador mexiquense, fue enviado a un curso a Estados Unidos y no acudió a los posteriores citatorios.
Algunos de los principales actores en el caso ahora ocupan importantes carteras. Castillejos, por ejemplo, es hoy el consejero Jurídico del presidente Enrique Peña Nieto; Navarrete Prida es Secretario del Trabajo y Previsión Social y Korenfeld despacha como director de la Comisión Nacional del Agua.
De los agentes de la AFI que pisaron la cárcel y fueron declarados inocentes, Eduardo Paredes hoy aparece como elemento activo de la Policía Federal Ministerial de la PGR, mientras que el comandante Cárdenas Palomino fue contratado para diseñar una estructura de seguridad para las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Hubo otros que tuvieron un final trágico.
El comandante Édgar Millán, ya con el cargo de jefe de la Policía Federal, fue ejecutado el 8 de mayo de 2008 dentro de uno de sus domicilios, mientras que el comandante Igor Labastida también fue asesinado el 26 de junio del mismo año.
A Marcos Castillejos, padre del hoy consejero jurídico, también lo ejecutaron el 9 de julio de 2008, cuando llegaba a su despacho en la Colonia Condesa. Este crimen también fue atraído por la PGR y tampoco fue aclarado. Una década más tarde, el crimen de Enrique Salinas es un expediente que la PGR mantiene en la reserva, a la espera de alguna nueva información que amerite reanudar las investigaciones.