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Impulsan políticas contra violencia de género

Plano Informativo | 28/09/2013 | 11:42

Las difíciles condiciones económicas y sociales acentúan las situaciones de inequidad y violencia contra la mujer indígena.

San Luis Potosí, SLP.- La diputada Socorro Herrera Orta presentó una iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de que se incluya en el Sistema Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como su respectivo marco de atribuciones.

Esto, indica la legisladora, permitirá la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia de género contra las mujeres indígenas, que aún prevalecen en las comunidades.

Precisa en su exposición de motivos, que se hace necesaria la incorporación del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del Sistema Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, como una manera de reforzar la protección al sector social que debe atender, en el diseño de políticas públicas de equidad de género y no violencia transversales en todos y cada uno de los programas que despliegue entre las comunidades y pueblos indígenas.

“Para nadie es un secreto que de los 58 municipios del estado, 51 viven algún grado de marginación. En ellos habitan poco más de 250 mil personas que viven en pobreza extrema, y de ellas, 51.2 por ciento son mujeres. Estas condiciones sociales y económicas, inciden desfavorablemente en la difícil situación de inequidad en la que se encuentra el género femenino que habita en municipios con población mayoritariamente indígena”.

Indica que la violación de los derechos de las mujeres y la inequidad de género no son problemas nuevos, sino que se trata de conductas que no deben ser consentidas por los graves daños que provoca tanto a la mujer como a su familia y por ello,  a partir de su identificación por parte de las propias víctimas de estos abusos, así como las entidades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, han merecido atención por parte del Estado y esfuerzos legislativos concretos por parte de la Federación y las entidades federativas.

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