Sábado 26 de Abril de 2025 | Aguascalientes.
Durante su sesión ordinaria de ayer miércoles, el IFAI modificó la respuesta entregada por la PGR a un ciudadano, debido a que esta dependencia aseguró no tener el expediente de las declaraciones de funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el sentido de dar a conocer si hubo o no "lavado de dinero" durante la campaña foxista.
Con un voto particular del comisionado presidente Alonso Lujambio, el pleno del Instituto ordenó a la Procuraduría la elaboración de una versión pública del expediente, pero omitiendo las declaraciones ministeriales de los implicados en el mismo, en este caso, los funcionarios de la CNBV.
El recurso de revisión con número 3143/07 da cuenta de que la PGR no respondió a un ciudadano y, en este caso, el comisionado Alonso Gómez Robledo –ponente del mismo— decidió presentar al pleno la posibilidad de entregar una versión pública.
El peticionario solicitó una fotocopia del expediente completo, donde figuran las declaraciones rendidas el 20 de septiembre de 2002 y contenidas en el expediente original Averiguación Previa: 133/FEFSF/2002 y sus acumuladas, radicadas en la Mesa-VIII-FEFSF, del Sr. Miguel Ángel Flores Salazar ante el Ministerio Público Jorge Alberto Romero Sánchez; del Sr. Isaac Humberto Hernández Cruz ante el MP Ramón Pérez Portillo; del Sr. Alanís Navarrete ante el MP Carlos Enrique Bueno Pérez y del Sr. Martín Hernández Martínez ante el MP Carlos Enrique Hernández Azuara.
Todos ellos se desempeñaban en ese momento como supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y confirmaron que sí hubo lavado de dinero en las transacciones relacionadas con la campaña presidencia de Vicente Fox.
Función pública debe abrir sanciones Por otra parte, durante su sesión, el IFAI también determinó que la Secretaría de la Función Pública deberá dar a conocer los expedientes de funcionarios que hayan sido sancionados y que su proceso administrativo haya concluido con la pena impuesta y no hasta que haya concluido la revisión de un posible amparo.
Esto, luego de muchos funcionarios del gobierno federal sancionados –actualmente más de 2 mil en lo que va del anterior y actual sexenio—han impedido se conozcan sus expedientes debido a que se tiene un amparo pendiente de resolver.
En este caso, el IFAI determinó que la Secretaría de la Función Pública deberá dar a conocer los casos así hayan concluido con sanción o no, pero no esperar hasta que el amparo haya concluido.
