A través de la empresa fantasma Shell Company, radicada en Van Nuys, California, tres altos ejecutivos y un gerente de ventas de BizJet International Sales & Support, Inc. operaron la red de corrupción para sobornar a funcionarios mexicanos de la Policía Federal y de Los Pinos, entre otras instancias, a cambio de contratos millonarios para el servicio de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves y helicópteros de las dependencias de gobierno.
Los pagos de comisiones, por un monto de 2 millones de dólares, se triangularon desde cuentas bancarias en Nueva York, hacia Oklahoma y California, aunque también hubo operaciones en efectivo.
Así lo establece el expediente 12CR61CVE de la Corte de Oklahoma, con base en la investigación que realizaron el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya copia tiene EL UNIVERSAL.
En él se detalla la implicación de servidores públicos de la Dirección General de Transportes de la Presidencia, de la Policía Federal, así como de los gobiernos de Sonora y Sinaloa, que habrían facilitado a la empresa contratos hasta por 20 millones de dólares.
Entre las evidencias recabadas para demostrar esta conspiración que operó entre 2004 y 2010 —de la que BizJet se declaró culpable—, además de reportes contables, facturas, pólizas de cheques y comprobantes de transferencias, hay correos electrónicos de los empleados estadounidenses que revelan la relación, por ejemplo, con un coronel y un capitán del Ejército asignados a Presidencia, que “tenían autoridad e influencia para impulsar los contratos” a fin de que la empresa brindara sus servicios de mantenimiento a la flota aérea presidencial.
Se detalla que en esta red participaron en Estados Unidos el encargado de las operaciones y finanzas de BizJet (identificado en el documento como “Ejecutivo A”); el responsable de la supervisión y de incorporar nuevos clientes a la cartera de la empresa (“Ejecutivo B”); el contable que aprobaba los pagos de facturas (“Ejecutivo C”), además de un gerente de ventas —hoy prófugo— que montó la empresa fantasma Shell Company, “en la que fue el único oficinista, director y empleado”, para triangular los pagos a los funcionarios mexicanos.
Otros contactos
Los contactos en México de estos ejecutivos son identificados en el documento como un capitán de la Policía Federal (“Oficial 1”), quien “tenía una amplia autoridad e influencia sobre la adjudicación de los contratos”.
También participaron en esta red de sobornos un coronel (“Oficial 2”), un capitán de la flota aérea presidencial mexicana (“Oficial 3”) y otro empleado de la misma área (“Oficial 4”) que tenían poder de decisión para garantizar la celebración de contratos. Otro de los implicados señalados (“Oficial 5”) era director de Servicios Aéreos de Sinaloa.
El expediente indica que entre 2004 y marzo de 2010, los altos ejecutivos de BizJet conspiraron para utilizar la influencia de estos agentes gubernamentales mexicanos.
Para impedir que se detectaran estas prácticas corruptas crearon Shell Company, en Van Nuys, California, que en realidad era el domicilio del agente de ventas estadounidense que fungió como intermediario en esta operación, para que a través de esta “empresa” se canalizara cada uno de los pagos acordados por concepto de “comisiones”.
Se detalla que los ejecutivos se reunieron personalmente con sus asociados mexicanos, intercambiaron llamadas telefónicas y correos electrónicos para concertar el pago de los sobornos prometidos y “otros beneficios” que recibirían a cambio de los contratos.
Los pagos se realizaron en cheques, efectivo y mediante transferencias bancarias, para las que se usaron cuentas de BizJet en instituciones de crédito en Nueva York, desde donde se realizaron transferencias a Oklahoma y de ahí a California, para que el agente de ventas contara con el dinero para los pagos pactados.
Entre las evidencias de esta conspiración, detalla el documento, el 28 de septiembre de 2006, el gerente de ventas que fungió como intermediario en esta red a través de Shell Company, envió un correo electrónico al “Ejecutivo B”, quien trabaja en la empresa en Tulsa, Oklahoma, en el que le indicó que el Coronel de la Dirección General de Transportes Aéreos de la Presidencia “llamó para preguntar por su comisión (sic)... por favor, ayúdame a hacer este pago”.
El 9 de noviembre de ese mismo año, el gerente de ventas envió otro correo al “Ejecutivo B”, en el que le indicaba que BizJet tenía que pagar 2 mil dólares al capitán de la flota aérea presidencial mexicana.
El 30 de octubre de 2007, los empleados estadounidenses discutieron a través de correos electrónicos la transferencia por 30 mil dólares que se realizaría al Coronel mexicano que era su enlace en Transportes de la Presidencia.
Al día siguiente, de una cuenta bancaria de Nueva York, se envió el dinero a una cuenta de Shell Company para pagar el soborno. Horas después, el agente respondió por correo electrónico que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, y que iba a México a entregar personalmente dinero al militar.
Del 21 de febrero de 2008 existe otro mensaje electrónico entre ejecutivos, en el que se indica que su gerente de ventas les informó que el capitán de la Policía Federal “recientemente ha comprado algunas cosas de altos dólares. Su tarjeta está al máximo. ¿Podemos poner un 10k (10 mil dólares) adicionales durante un periodo? Él está saliendo hoy día y los necesita”. El “Ejecutivo B” respondió: “El aumento está hecho”.
Existe además una factura de Shell Company a BizJet, fechada el 6 de abril de 2009, por la cantidad de 176 mil dólares que se pagaron al mismo agente, que le fueron transferidos el 13 de abril. Ese mismo año, el 6 de octubre, se generó otra factura por 210 mil dólares para el mismo contacto.
También hay pruebas de que el 22 de noviembre de 2008 se emitió un cheque por 18 mil dólares para el Director de Servicios Aéreos del gobierno de Sinaloa, con fondos de la cuenta de BizJet en Nueva York, enviado a un banco de California, para que el gerente de ventas realizara el pago.
Otros dos cheques para este mismo funcionario se expidieron el 27 de octubre de 2009, por 6 mil 417 dólares y por 22 mil 912 dólares.
Autoridades del gobierno federal mexicano informaron a EL UNIVERSAL que se han tomado medidas para impedir que estos funcionarios intenten evadir la justicia.
A pesar de que la compañía BizJet International Sales & Support, Inc. se declaró culpable de sobornar a funcionarios del gobierno de México, Alejandra Sota, vocera de la Presidencia, aseguró que por el momento éste es un “supuesto caso de corrupción”.
