Auditan a Conaculta y detectan irregularidades

El informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidencia problemas que arrastra desde hace años el subsector cultura, como duplicidad de funciones entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

De igual forma, plantea la necesidad de actualizar la legislación acerca de patrimonio; la falta de transparencia en los donativos que entrega Conaculta; y la urgencia de contar con reglas claras en cuanto a concesiones de espacios al interior de museos, zonas arqueológicas y centros culturales.

Desvío de recursos

Operaciones irregulares en un donativo de 10 millones de pesos hecho por Conaculta a Sumando Amor A.C. para el proyecto de restauración de la Antigua Basílica de Guadalupe, implicaron “el desvío de recursos por 3 millones 351 mil700 pesos”, se lee en el informe presentado el miércoles.

En torno a este caso, la ASF arroja un dictamen negativo, presentó ya una denuncia por las irregularidades detectadas y cobrará una multa. Refiere “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por dos montos: uno de 3 millones 851,742.29 pesos y otro de 200 mil pesos. En conclusión, la ASF determina un monto de probables recuperaciones que asciende a cinco millones 156 mil 1 pesos.

La ASF sostiene que Conaculta, al celebrar el contrato de donación con esa asociación “indebidamente” aceptó que los recursos se aplicaran a fines distintos de la restauración de la Antigua Basílica de Guadalupe, por ejemplo: asesorías jurídicas y administrativas, adecuaciones a oficinas y sacristía. Reporta falta de supervisión en la ejecución de los recursos pues el Consejo sólo hizo una visita.

La Auditoria cuestiona que Conaculta “permitiera que la beneficiaria del donativo administrara los recursos por conducto del rector de la Antigua Basílica de Guadalupe, quien a pesar de que aparentemente dejó de pertenecer a la Asociación beneficiaria, financieramente continuó en la operación de la misma”.

Sin precisar los nombres de los involucrados, la ASF informa que una funcionaria de Conaculta responsable, entre otras cosas, de proporcionar el apoyo para controlar la asignación de los recursos autorizados para los donativos que otorga el Consejo, admitió (en documentación legal firmada por ella) que el secretario técnico de esa asociación es su cónyuge y beneficiario; la ASF requirió a la funcionaria para esclarecer estas irregularidades, pero ella no se presentó.

Al Órgano Interno de Control en Conaculta, la ASF le solicita que se realicen las investigaciones pertinentes a esta funcionaria, al igual que a los servidores públicos que no solicitaron en forma oportuna a Sumando Amor A.C. los rendimientos financieros generados por la donación. Ya desde la revisión de la Cuenta Pública 2009 (publicada en febrero de 2011) se había determinado que esa asociación no era elegible de donativos posteriores, pero ahora la ASF evidencia que funcionarios de Conaculta no informaron de ello a la Secretaría de la Función Pública.

Concesiones en el INAH

En el rubro de recaudación de ingresos y concesiones, la Auditoría señala que desde 1985 el INAH no sólo ha otorgado de manera directa y sin justificación concesiones de los espacios operados como restaurantes y centros de ventas de artesanías, tampoco ha renovado o recuperado los espacios en 279 de los 280 casos existentes.

Además destaca que hay locales en la zona arqueológica de Teotihuacán que no cuentan con título de concesión pero sí han pagado por el uso. Detalla el caso del restaurante La Gruta, cuya concesión debió renovarse en 1988 al igual que el monto de su pago mensual -fijado entonces en 90 mil viejos pesos, es decir, 90 pesos vigentes, ó el 8% de sus ingresos brutos.

La dependencia advierte que en el 2010 el INAH aprobó la realización de eventos privados en recintos como el Museo Nacional de Historia por un importe de 412 mil peso, actos que afirma “no fueron formalizados mediante instrumentos legales”.

Respecto al cobro por entrada a las zonas arqueológicas, la ASF advierte que en Yucatán el INAH permitió al gobierno del estado la construcción de paradores turísticos en diversos sitios, situación que propició que esa entidad también cobre por la entrada, así el usuario debe realizar un doble pago. Además, señala que el gobierno de Yucatán realiza eventos de luz y sonido en las zonas por las que obtiene un beneficio económico, pero no le aporta ningún monto al instituto.

En el dictamen el INBAL también reporta irregularidades en las concesiones que se otorgan sin “procesos transparentes” y con “opacidad”.
La ASF dictamina que Conaculta duplica funciones respecto a INAH, sin tener las facultades jurídicas para ello, específicamente en la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. La Auditoría considera que el Consejo y la SEP deben evaluar eliminar funciones de esa dirección.

Patrimonio sin protección

En materia de protección y conservación del patrimonio la ASF señala que en 2010, el INAH había identificado un millón 922 mil 22 bienes y monumentos arqueológicos e históricos, pero ninguno quedó inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, por lo que no se garantizó la protección legal de los muebles, inmuebles y zonas arqueológicos e históricos.

Advierte que la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural no elaboró el Programa Nacional de Catálogo de Monumentos Muebles e Inmuebles de Propiedad Federal.

Acerca del patrimonio artístico, a cargo del INBAL, la ASF advierte que en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos estaban inscritos 35 de los 19 mil 190 inmuebles artísticos identificados y dos mil 201 de los 59 mil 467 muebles, por lo que no se garantizó la protección legal del patrimonio artístico.

La recomendación a las tres instituciones es crear “un programa para actualizar la catalogación de los monumentos muebles, inmuebles y zonas que integran el patrimonio arqueológico, artístico e histórico del país”.

La ASF hace un llamado al INAH para que, en coordinación con el Conaculta, promueva la revisión del marco jurídico sobre protección, conservación y restauración del patrimonio cultural.

En materia de servicios de vigilancia, viajes, lavandería y limpieza, la ASF afirma que el INAH no acreditó ni comprobó 32 millones 675 mil pesos en servicios de seguridad, de los 113 millones 385 mil pesos que ejerció en 2010. La ASF llama a Conaculta a solicitar a tiempo requerimientos para congresos, que se cumplan con las licitaciones y no por adjudicación directa”.