Son golpeados por custodios, existen áreas de segregación y se aplican castigos discrecionales, entre otras.
En el complejo penitenciario Islas Marías se violan los derechos humanos de los internos: son golpeados por custodios, existen áreas de segregación y se aplican castigos discrecionales; hay deficiencias en la atención médica, un galeno para más de 5 mil internos; la alimentación es mala y elaborada de forma antihigiénica; no hay programas de educación, falta trabajo remunerado, se les niega de forma irregular contacto con el exterior y las autoridades ni siquiera tienen un control adecuado de quiénes están recluidos.
Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al investigar más de 30 quejas de familiares de internos ante el temor por su seguridad y salud, que derivó en la recomendación 90/2011 contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y su titular, Genaro García Luna, en la que se le demanda revertir estas condiciones que agravian a los internos.
Ante las evidencias, la CNDH presentará una denuncia penal contra autoridades y custodios de la colonia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por las agresiones físicas contra 16 reos que fueron objeto de golpes y maltrato, según testimonios y peritajes médicos, además de una denuncia administrativa contra los funcionarios responsables de Islas Marías, identificados como AR1 y AR2.
La investigación derivó de decenas de quejas recibidas por el organismo nacional entre el 3 de septiembre de 2010 y el 25 de mayo de 2011, por lo que personal de la CNDH realizó visitas de supervisión a la colonia penal y recabó pruebas con las que concluyó violaciones a los derechos de los reos en su seguridad personal, salud, legalidad y seguridad jurídica; al trato digno y a la reinserción social, atribuibles a servidores públicos del complejo.
Personal de la CNDH constató “que la situación de las personas privadas de su libertad, así como las condiciones que imperan en ese establecimiento penitenciario no son idóneas para construir una vida digna”.
La recomendación detalla que los anexos denominados La Marina y La Borracha son utilizados como áreas de segregación donde “muchas veces son golpeados los internos confinados por el personal de seguridad y custodia”.
Además, “resulta preocupante” que el Reglamento de la Colonia Penal Federal no tiene un catálogo de infracciones, ni el tiempo de aplicación a los internos, “lo que trae como consecuencia que la autoridad penitenciaria determine en forma discrecional tanto las infracciones como la duración de las sanciones”. Se han aplicado correctivos disciplinarios de aislamiento por lapsos de hasta 120 días, sin señalar cuál fue la infracción que se cometió.
En el documento se afirma que también “existen graves deficiencias en la prestación del servicio médico”. No hay un cuadro básico de medicamentos ni programas de detección de enfermedades infectocontagiosas. No hay instrumental para estudios de laboratorio ni para primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica, ni se han acondicionado las áreas de hospitalización y de odontología.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social reconoció que en Islas Marías sólo hay un médico general, un ginecólogo y dos enfermeras para atender a una población de 5 mil 367 internos.
La preparación de los alimentos “es insalubre” en los campamentos denominados Aserradero, Balleto, Bugambilias, Laguna del Toro, Morelos, Nayarit, Papelillo y Rehilete, hoy nombrados Centros Federales de Readaptación Social. “Hay una gran cantidad de moscas y los utensilios presentan malas condiciones de higiene, están cubiertos de cochambre; los internos responsables de su elaboración no utilizan las protecciones de sanidad adecuadas”.
Además, los alimentos son “insuficientes y deficientes”, a los internos tampoco se les proporciona agua potable en cantidad suficiente (…) “se atenta contra la integridad física de los internos, pues les impiden satisfacer sus necesidades primarias y se constituyen actos de molestia sin motivo legal”.
La CNDH también advierte que a los internos no se les puede privar del derecho a tener contacto con el exterior, pero el Consejo Técnico Interdisciplinario tarda más de un año en autorizar la visita familiar y “la suprime de facto por largo tiempo”.
También se condiciona la participación de los internos en actividades educativas, “aunque no se cuenta con ellas”; tampoco hay facilidades para que realicen llamadas telefónicas, sólo hay 10 casetas en el campamento Balleto, donde el personal de la CNDH encontró a 200 personas formadas en espera de una llamada de 10 minutos, que son autorizadas cada 12 días.
En materia laboral, la empresa Homex contrata a cerca de 800 internos para el trabajo de construcción. “No obstante las actividades laborales son insuficientes para el total de la población”, que hace trabajo de limpieza no pagado, conocido como melga.
Ni siquiera hay un archivo eficaz “que permita conocer, entre otras cosas, quiénes conforman la población penitenciaria, y tampoco se lleva un control de los expedientes únicos”, ya que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó que no existía registro alguno sobre cinco internos que fueron entrevistados por personal de la CNDH en marzo de este año.
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