La Ley Estatal para el Menor Infractor seguirá generando polémica, incluso si la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra elementos de inconstitucionalidad en su articulado.
Y es que, de acuerdo con la comisionada estatal de los Derechos Humanos, la abogada Magdalena Beatriz González Vega, los cuestionamientos no se enderezan en la totalidad de ese texto, aprobado desde 2006, sino en algunas de sus partes.
Esta legislación, la vigente, obvió algunas propuestas de avanzada, como la implementación de los llamados juicios orales y la consistente en acudir al concepto de reintegración a la sociedad de los menores infractores, toda vez que el sistema penitencialista mexicano ha tropezado fuertemente con otros conceptos como el de readaptación y rehabilitación social.
González Vega insiste en que la legislación de menores infractores no tiene necesaria y forzosamente que pasar por la privación de la libertad, por la aplicación de sanciones exageradas e injustas que suelen consumir hasta la mitad de la vida de los niños y de los adolescentes, rompiendo con ello el sentido de la proporcionalidad de la justicia.
Las sanciones de privación de la libertad, dice, deben contemplarse en situaciones extremas y no como regla, pero esto, precisamente, parece desprenderse de la ley promulgada en el año 2006, en el ánimo garantista, suja a una súbita moda.
La comisionada de derechos humanos indicó, en una reunión con empresarios de la Coparmex, que si bien es cierto se han dado caso de menores involucrados en delitos de gravedad extrema, como homicidios, secuestro y violaciones, esto no ocurre en la comunidad potosina con frecuencia, afortunadamente. De hecho en la actualidad se encuentran privados de la libertad 64 menores (en las instalaciones del ex Consejo Tutelar) y 21 más en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila.
La legislación en materia de menores infractores se mantuvo, por razones más políticas que técnicas, en la congeladora; se atravesó un proceso electoral y sólo se reactivó tras este. Las propuestas que tenían como centro de interés la reintegración de los menores infractores a la sociedad, se echaron por la borda para dar paso a sanciones muy drásticas, con miras de ejemplarización, como aquella que ordena la privación de la libertad de seis meses hasta 12 años.
El asunto es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recurrió a la llamada acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá emitir en los próximos días una resolución al respecto.
La CEDH insiste en que a los menores hay que tratarlos como tales y hay que trabajar determinantemente en la reincorporación de los mismos a sus familias, a la sociedad, desde luego ofreciéndoles un tratamiento médico y sicológico adecuado.
Sin embargo, en contra partida, están las voces de las familias que han perdido a alguno de sus integrantes a manos de niños y jóvenes que han incurrido en acciones violentas, de gravedad que bien pudieran calificar como delitos y no ya meramente como infracciones; familias que observan en el posicionamiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sino la defensa de los delincuentes, por lo menos el olvido de los derechos de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Un tema de alta polémica y que va más allá de las técnicas legislativas, en tanto que tiene que ver con seres humanos agraviados y olvidados de la acción de la justicia que pide dar a cada cual un trato justo.
