La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) sancionó a 82 servidores públicos, un particular y una empresa por faltas administrativas, con multas que en conjunto ascienden a 175 millones de pesos.
También impuso contra los infractores inhabilitaciones que en los casos más graves alcanzan 10 años.
En un comunicado, la dependencia detalló que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos federales, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS y el Banco del Bienestar.
Entre las sanciones económicas más elevadas destaca la impuesta a Caleb B., de la División de Distribución Centro Sur de la CFE, quien fue inhabilitado por 10 años y sancionado con 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro demandas laborales durante 2019 y 2020, lo que derivó en condenas de pago contra la empresa.
También fueron inhabilitados por 10 años Javier S. y Hernán C., funcionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, y obligados a cubrir una indemnización solidaria de 33 millones de pesos por autorizar y dictaminar, sin justificación jurídica, pagos de rentas e intereses moratorios por la ocupación de una parcela.
En otro caso, nueve funcionarios del SUPERISSSTE fueron inhabilitados por 10 años y recibieron una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas a dos empresas en 2018 sin autorización de la Comisión de Abasto de ese organismo.
Asimismo, Tania M., de la Coordinación de Afiliación del IMSS, fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.7 millones de pesos por modificar registros de derechohabientes en un sistema institucional para aumentar indebidamente sus periodos de cotización durante 2018 y 2019.
En cuanto a proveedores, la SABG informó que inhabilitó por un año a la empresa R. y por 10 años a Eduardo M., funcionario de la Delegación Tamaulipas de la Secretaría de Agricultura, además de imponerles una sanción económica solidaria de 330 mil pesos.
La investigación determinó que ambos simularon en 2018 un convenio con una persona fallecida para ceder a la empresa la entrega de un apoyo del programa de riego tecnificado.
La Secretaría precisó que las sanciones por faltas graves fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mientras que las correspondientes a faltas no graves fueron determinadas por los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades de las instituciones.
Agregó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de hacerlo, defenderá las determinaciones emitidas.