locales

En SLP no se castiga la corrupción

Aunque se presume que cientos de funcionarios han sido sancionados, la mayoría son por faltas administrativas y no por actos graves de corrupción

San Luis Potosí, SLP.- Las contralorías de San Luis Potosí, encargadas de investigar y castigar a los malos funcionarios públicos, parecen estar muy lejos de cumplir con su trabajo, consideró la organización Ciudadanos Observando.
 
“Los datos publicados en la Plataforma Estatal Digital de San Luis Potosí muestran algo preocupante: aunque se presume que cientos de servidores públicos han sido sancionados, la mayoría de los castigos son por faltas administrativas y no por actos graves de corrupción. Esto hace pensar que las contralorías están más preocupadas por aparentar resultados que por investigar las irregularidades que se cometen dentro de los gobiernos”, afirmó la organización especializada en transparencia.
 
De acuerdo con la información, 428 sanciones están relacionadas con la falta de presentación de declaraciones patrimoniales, es decir, documentos donde los funcionarios deben informar sobre sus bienes e ingresos. En cambio, solamente aparecen seis casos por abuso de funciones, uno por recibir sobornos (cohecho), uno por utilizar indebidamente recursos públicos (peculado) y catorce por incumplimiento de funciones. Otros 61 casos están clasificados en una categoría general. ¿Acaso en las dependencias públicas casi no existen actos graves de corrupción, o simplemente las contralorías prefieren no investigar a fondo?
 
Ciudadanos Observando reveló que por instituciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí encabeza la lista con 482 servidores públicos sancionados, seguido del Consejo Estatal Electoral con 24 y el municipio de El Naranjo con 23. En contraste, el Congreso del Estado registra solamente cinco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal apenas tres. Estos números generan muchas dudas, especialmente cuando constantemente se conocen denuncias públicas por posibles irregularidades en contratos, obras, compras y manejo del dinero de los ciudadanos.
 
“Las cifras también muestran que las sanciones aumentaron de cuatro en 2021 a 160 en 2023, mientras que en 2024 fueron 138, en 2025 bajaron a 122 y en 2026 se registran 50. Pero imponer más sanciones no significa necesariamente que se esté combatiendo la corrupción. Lo importante es saber cuántos funcionarios han sido castigados por robar, desviar recursos, recibir sobornos o abusar de sus cargos. También sería importante conocer cuántas denuncias ciudadanas fueron investigadas y cuántas terminaron archivadas sin castigo”, dijo Ciudadanos Observando.
 
El verdadero problema es que las contralorías parecen ser muy buenas para castigar a quienes no presentan un documento, pero poco efectivas para descubrir y sancionar posibles actos de corrupción. Esta situación provoca una enorme desconfianza y hace pensar que algunos de estos organismos podrían estar funcionando más como protectores de los gobiernos que como vigilantes de sus actos, consideró.
 
La obligación de las contralorías es investigar, atender las denuncias y castigar a quienes violan la ley. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus contralores y por qué son tan pocas las sanciones por faltas graves. Porque si quienes deben vigilar al gobierno se dedican a protegerlo y a esconder sus irregularidades, entonces no solamente están fallando en su trabajo: se convierten en parte de la corrupción que deberían combatir, sostuvo Ciudadanos Observando.
 
OTRAS NOTAS