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Congreso y UASLP no deben ser pasarelas

Detrás del Telón

A inicios de noviembre, tras los señalamientos por presuntos sobrecostos en la obra del puente Río Españita o Jacobo Payán y el negocio de las pipas de agua, Enrique Galindo pidió comparecer ante el Congreso del Estado, parecía un gesto de transparencia, pero la respuesta del Legislativo lo dejó como una puesta en escena.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Fernando Gámez Macías, le tomó la palabra con una condición: que entregue contratos, transferencias, cuentas y beneficiarios de los recursos públicos; el Congreso no será escenario de una confrontación mediática.

El centro del asunto es el costo de 245 millones de pesos de la obra, con posibles sobreprecios de más de 100 millones y se descartó que la legislatura vaya a citar al alcalde capitalino, porque considera que los cuestionamientos forman parte de un proceso de fiscalización y no se resuelven con una presentación pública.

Galindo sostiene que no tiene nada que esconder. Dice que sus contratos están en la Plataforma de Transparencia y que acudirá al pleno cuando lo citen, y que el IFSE ya tiene todos los contratos de obras del Ayuntamiento. Pero la discusión no es solo sobre el puente; lo mismo sucedió con los contratos a empresas o personas vinculadas a Gerardo Sánchez Zumaya.

El empresario huasteco ha sido señalado por presuntos nexos con empresas factureras, el alcalde no ha negado la cercanía, reconoció contactos con allegados del grupo y dijo que es “un buen amigo mío” y que no lo niega. Ahí está la pregunta que le deben los capitalinos: qué empresas recibieron contratos municipales, quiénes son sus verdaderos propietarios y bajo qué criterios se adjudicaron.

El pasado viernes 13, mientras el debate con el Congreso seguía abierto, Galindo dio una charla en la Facultad de Derecho de la UASLP sobre su paso por la policía federal y la captura de un conocido narcotraficante, pese a que el rector Alejandro Zermeño había pedido evitar invitaciones a políticos en las facultades ante la cercanía del proceso electoral, y aun así el alcalde asistió a la Semana de Derecho y Criminología.

En el turno de preguntas, ante lo de Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán, rechazó que sean “capítulos oscuros” y se ofreció a regresar para una sesión dedicada a ellos; el analista Israel López Monsiváis advirtió que ese tipo de visitas puede generar percepciones de parcialidad en la universidad, y que los perfiles con aspiraciones políticas podrían usar esos espacios para posicionar su imagen.

Desafiar al Congreso a citarlo y dar conferencias donde nadie le pregunta por los contratos y presentarse como el funcionario que da la cara, son movimientos de un político en pleno arranque de proceso electoral, la transparencia no se demuestra con foros, sino con facturas, con la lista de proveedores y con respuestas sobre Zumaya; y las universidades no deben ser plataformas de nadie en año preelectoral, aunque la invitación salga de adentro.

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