La muerte de una persona no significa que sus deudas desaparezcan automáticamente. En México, las obligaciones pendientes con bancos o con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden continuar vigentes, mientras que los ahorros y saldos a favor también pueden ser reclamados por quienes tengan derecho a ellos.
Sin embargo, esto no significa que los hijos, la pareja o cualquier otro familiar estén obligados a pagar las deudas del fallecido con su propio dinero.
De acuerdo con el Código Civil Federal, una herencia incluye tanto los bienes y derechos como las obligaciones que no se extinguen con la muerte. Por ello, antes de repartir el patrimonio, deben revisarse los compromisos económicos pendientes.
¿Quién paga las deudas de una persona fallecida?
El artículo 1284 del Código Civil Federal establece que los herederos responden por las cargas de la herencia únicamente hasta el valor de los bienes recibidos.
Por ejemplo, si una persona deja una herencia de 200 mil pesos, pero tiene deudas por 300 mil, los herederos no están obligados a cubrir los 100 mil pesos restantes con sus ahorros personales por el simple hecho de ser familiares.
La situación cambia cuando existe una obligación independiente, como haber firmado un crédito como deudor solidario, o cuando se adquieren responsabilidades legales específicas.
En el caso de tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas, algunos productos financieros cuentan con seguros de vida que pueden liquidar el adeudo tras el fallecimiento del titular. No obstante, es necesario revisar las condiciones de cada contrato.
¿Qué ocurre con las deudas ante el SAT?
Los impuestos pendientes tampoco desaparecen automáticamente. Si una persona fallece con obligaciones fiscales, estas pueden afectar el patrimonio que dejará a sus herederos.
El albacea o representante legal de la sucesión es quien debe atender los trámites correspondientes, incluyendo las declaraciones fiscales que resulten obligatorias.
Cuando el contribuyente estaba obligado a presentar declaración anual, el albacea dispone de 90 días a partir de que se le confiera formalmente el cargo para declarar los ingresos obtenidos desde el 1 de enero del año del fallecimiento hasta la fecha de la muerte.
Además, si los bienes heredados siguen generando ganancias, como las rentas de una vivienda, pueden surgir nuevas obligaciones fiscales mientras se administra la sucesión.
¿Y si la persona tenía dinero a favor?
Los saldos a favor ante el SAT no se pierden necesariamente con el fallecimiento. Si el contribuyente pagó impuestos de más, puede existir el derecho a solicitar una devolución.
Para recuperar ese dinero, el representante legal de la sucesión deberá acreditar sus facultades y cumplir los requisitos fiscales correspondientes. La devolución no es automática ni puede reclamarla cualquier familiar únicamente por su parentesco.
Respecto a las cuentas bancarias, el dinero puede entregarse a los beneficiarios designados por el titular, conforme a los porcentajes establecidos. Si no existen beneficiarios, generalmente será necesario realizar el procedimiento sucesorio correspondiente.
¿Es obligatorio dar de baja el RFC?
El SAT contempla diferentes procedimientos según la situación fiscal de la persona fallecida: cancelación del RFC por defunción, apertura de sucesión y cancelación por liquidación de la sucesión.
En determinados casos, un familiar puede solicitar directamente la cancelación por defunción dentro del mes siguiente al fallecimiento. Si corresponde abrir una sucesión fiscal, el representante deberá realizar los avisos y trámites aplicables.
Por ello, especialistas recomiendan que las familias revisen los estados de cuenta, contratos, seguros, declaraciones fiscales y posibles saldos a favor antes de repartir una herencia.
Conocer estas disposiciones permite evitar cobros indebidos, recuperar recursos que legalmente correspondan y prevenir complicaciones financieras en un momento especialmente difícil para las familias.
