La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la negligencia médica se sancione por la vía penal, y negó un amparo a un neurocirujano del IMSS, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en una mala operación de columna que dejó sin movilidad de la pierna derecha a un paciente accidentado.
Los nueve ministros consideraron por unanimidad que sancionar penalmente salvaguarda el derecho a la salud sin vulnerar los principios de taxatividad ni de mínima intervención, y sin constituir una restricción indebida a la libertad de trabajo de los profesionales de la salud, como alegó el neurocirujano vinculado a proceso en 2022 en Tamaulipas, al impugnar los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal.
Al combatir la imputación que le hizo el Ministerio Público, basada en dictámenes y opiniones médicas periciales, el acusado argumentó que la vía penal es excesiva, pues ya existen otras menos restrictivas como la civil o la administrativa.
Asimismo, que los artículos del Código Penal no detallan de manera clara qué conductas médicas específicas constituyen un delito, por lo que obligan a los médicos a trabajar con miedo y que no se trató de un descuido sino de una complicación.
Los ministros, sin embargo, avalaron la propuesta de la Ministra Estela Ríos de que las normas constitucionales son claras y no prohíben ni restringen el legítimo ejercicio profesional y que la protección de la salud y la integridad corporal justifica la intervención del derecho penal frente a conductas negligentes graves.
La discusión se alargó porque la Ministra Sara Irene Herrerías planteó que no toda negligencia médica debería de sancionarse penalmente, sino sólo las más graves, mediante un catálogo, lo que fue declarado improcedente pues el tipo penal juzgado es genérico y definir niveles de negligencia es competencia del Poder Legislativo.
Con la negación del amparo, el asunto regresará al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Tamaulipas, para que confirme o revoque la vinculación a proceso a partir de los elementos presentados.
El Código Penal prevé penas de prisión de tres a cinco años de prisión y hasta suspensión del ejercicio profesional.
