El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar una revisión cuando identifica que una persona gasta más dinero del que reporta como ingresos. Esta situación, conocida como discrepancia fiscal, puede derivar en el cobro de impuestos, multas e incluso consecuencias penales en determinados casos.
De acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), las autoridades fiscales tienen facultades para comparar los ingresos declarados durante un año con los movimientos financieros y gastos realizados por los contribuyentes.
Para identificar posibles irregularidades, el SAT puede considerar compras de vehículos, propiedades, depósitos bancarios, inversiones y operaciones con tarjetas de crédito. El objetivo es determinar si existen recursos cuya procedencia no ha sido debidamente justificada.
La detección de gastos superiores a los ingresos declarados no significa que automáticamente exista un delito. Primero, la autoridad debe notificar al contribuyente sobre las operaciones identificadas y explicar las diferencias encontradas.
A partir de esa notificación, la persona dispone de 20 días para presentar documentos que comprueben el origen del dinero, como estados de cuenta, contratos de préstamos, comprobantes de ingresos, donaciones o recursos provenientes de ahorros.
Cuando no se logra justificar la diferencia, el SAT puede considerar los montos no aclarados como ingresos omitidos y determinar el pago del impuesto correspondiente, además de las multas, actualizaciones y recargos que procedan.
Aunque la discrepancia fiscal es inicialmente un procedimiento administrativo, el Código Fiscal de la Federación contempla consecuencias penales cuando se cumplen los supuestos legales de un delito equiparado a la defraudación fiscal.
Para 2026, las penas previstas en la legislación dependen del monto de los impuestos defraudados:
De tres meses a dos años de prisión, cuando la cantidad no supera los 2 millones 531 mil 920 pesos.
De dos a cinco años, cuando supera esa cifra, pero no excede los 3 millones 797 mil 870 pesos.
De tres a nueve años, cuando el monto defraudado es superior a los 3 millones 797 mil 870 pesos.
Estas sanciones no se aplican automáticamente por gastar más de lo declarado. Su imposición requiere que se acrediten los elementos del delito mediante el procedimiento legal correspondiente.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomienda mantener un registro ordenado de los ingresos, conservar comprobantes y revisar periódicamente la situación fiscal.
También resulta importante identificar correctamente las transferencias entre cuentas propias, los préstamos y los donativos, pues no todos los movimientos bancarios representan ingresos sujetos al pago de impuestos.
Además, quienes reciban préstamos, donativos o premios que individualmente o en conjunto superen los 600 mil pesos durante el ejercicio fiscal deben informar estas operaciones en su declaración anual, conforme a la legislación aplicable.
Los especialistas destacan que la prevención es fundamental, ya que contar con documentación suficiente permite explicar el origen del dinero y evitar que movimientos legítimos se conviertan en un problema con las autoridades fiscales.
