La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y representantes sindicales acordaron eliminar las disposiciones que permitían aplicar sanciones o separar de sus cargos a trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) como consecuencia de las evaluaciones de desempeño.
El acuerdo fue alcanzado la noche del sábado 7 de noviembre, durante una reunión encabezada por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y autoridades del OAJ, luego de las movilizaciones realizadas por empleados judiciales en distintas entidades del país.
De acuerdo con el comunicado oficial, las evaluaciones tendrán exclusivamente el propósito de fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin que sus resultados puedan utilizarse como mecanismos de castigo o despido.
El documento establece que deberá quedar expresamente señalada la eliminación de cualquier disposición que permita interpretar que los resultados de las evaluaciones tendrán consecuencias sancionadoras o podrán derivar en la separación del cargo.
Asimismo, se acordó retirar la posibilidad de realizar evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, además de modificar los porcentajes asignados a criterios que puedan incorporar elementos subjetivos.
La decisión se produjo después de que cientos de trabajadores del Poder Judicial se manifestaran el viernes 6 de noviembre en la Ciudad de México y al menos 17 estados, para expresar su rechazo al nuevo mecanismo de evaluación impulsado por el OAJ.
Entre los inconformes se encontraban actuarios, secretarios, oficiales judiciales y otros integrantes del personal de carrera, quienes consideraban que las nuevas disposiciones representaban un riesgo para su estabilidad laboral y permanencia en sus puestos.
Las protestas incluyeron suspensiones de actividades, concentraciones frente a instalaciones judiciales y bloqueos de vialidades, mientras los trabajadores exigían garantías de que las evaluaciones no serían utilizadas para justificar despidos.
Ante las inconformidades, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo encuentros con los dirigentes sindicales para revisar las disposiciones y buscar una solución mediante el diálogo institucional.
Por su parte, el sindicato encabezado por Jesús Gilberto González Pimentel confirmó que quedaron sin efecto las disposiciones punitivas relacionadas con las evaluaciones.
La organización sindical destacó que el entendimiento representa una respuesta a las preocupaciones expresadas por los trabajadores respecto a las posibles consecuencias laborales del nuevo sistema.
Como resultado de las negociaciones, todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación trabajarán con normalidad el lunes 9 de noviembre, luego de las suspensiones registradas durante las protestas.
La Suprema Corte reconoció la importancia del personal judicial para el funcionamiento del sistema de justicia y aseguró que las modificaciones responden a las observaciones presentadas por los trabajadores.
El máximo tribunal destacó que la base trabajadora constituye un pilar fundamental de la impartición de justicia y reiteró su disposición para mantener abiertos los canales de comunicación con las representaciones sindicales.
Además, se establecerán mesas de trabajo permanentes para atender inquietudes laborales y revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Las reformas se incorporarán al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado originalmente el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se reguló el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
Se prevé que las modificaciones sean publicadas este lunes 9 de noviembre, con el propósito de establecer formalmente las nuevas condiciones y brindar certeza jurídica a los trabajadores.
Aunque las evaluaciones continuarán formando parte de los mecanismos para medir el desempeño del personal, su aplicación deberá enfocarse en mejorar las capacidades profesionales y la calidad del servicio judicial, sin representar una amenaza para la permanencia laboral.
Con este acuerdo, la SCJN, el OAJ y las organizaciones sindicales buscan resolver el conflicto que provocó movilizaciones nacionales, garantizar la continuidad de las actividades jurisdiccionales y establecer condiciones de evaluación que atiendan las preocupaciones de los empleados del Poder Judicial.
