Legisladoras de Oposición advirtieron que el acuerdo de evaluación para los trabajadores del Poder Judicial es violatorio de sus derechos laborales y debe ser revisado para evitar mayores protestas y establecer parámetros justos, que descarten criterios discrecionales de calificación.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, y la diputada del Acción Nacional, Paulina Rubio, señalaron que los lineamientos del Órgano de Administración Judicial hacen a un lado la experiencia de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, y pone en juego su permanencia por calificaciones discrecionales basadas en la opinión de jefes y compañeros.
"Es absurdo que quienes llegaron inclusive haciendo campañas, como las del 'Ministro chicharrón', que llegaron por tómbola, que accedieron al cargo a través de acordeones repartidos, hoy sean quienes se les otorga la facultad de calificar a sus subordinados, con un criterio tan subjetivo como 'la opinión'.
"Evaluar no está mal, siempre y cuando los criterios sean precisos y parejos en todos los niveles, porque de no ser así, pareciera que lo que buscar es un reacomodo y reajuste de posiciones para que los jueces y magistrados puedan incorporar a sus propias plantillas a conveniencia", señaló la diputada, integrante de la Comisión de Justicia.
La panista advirtió que desde el Órgano de Administración Judicial se pretende hacer a un lado a quienes han tenido una verdadera carrera judicial a lo largo de muchos años y que hacen gran parte del trabajo especializado de los juzgados.
La legisladora por Jalisco agregó que las evaluaciones y los méritos eran parte fundamental de la carrera judicial, la cual, afirmó, Morena destruyó para acceder a esos cargos.
"Ahora resulta que quieren establecer criterios para lo mismo que ellos evadieron, pero para mandos inferiores.
"En Morena aplican la máxima ¡hágase justicia en los bueyes de mi compadre! Si aplicáramos evaluaciones a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos quedamos sin más de la mitad de la Corte", expresó.
Rubio advirtió que los exámenes para la permanencia en el Poder Judicial es otra embestida de Morena contra los trabajadores.
Dijo que ya se han abierto flancos contra la base trabajadora del Estado por todos lados, con conflictos laborales en Pemex, CFE, IMSS, INE y ahora el Poder Judicial.
"Hay un afán de querer coartar derechos laborales mientras a diario vemos escándalos de corrupción de los altos mandos que se llenan los bolsillos a costa del dinero público", condenó.
La senadora Barrales mencionó que la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial es comprensible porque hay una violación de derechos laborales.
"Ese acuerdo es violatorio de la ley, está absolutamente fuera del respeto de los derechos laborales, pero incluso se están lastimando los derechos humanos.
"Imagínate que ahora resulta que tu entorno va a evaluar si caes bien, si haces buen ambiente, eso es muy subjetivo, pero lo peligroso es que esto puede empezar a sentar las bases para que la iniciativa privada lo empezara a adoptar también, porque si lo hace el gobierno, ¿Por qué no lo iban a hacer los empresarios?
"Imagínate lo delicado que en tu propio trabajo, tu jefe te dijera ya no trabajas aquí a partir de la siguiente semana porque tus compañeros dicen que no eres buena compañera, que no eres solidaria, o lo que sea", planteó Barrales, de la Comisión de Justicia del Senado.
Destacó que desde el Poder Judicial se está abriendo la puerta criterios subjetivos que nada tienen que ver con lo que marca la Ley.
Consideró que este tipo de medidas del Órgano de Administración Judicial son secuelas del error que se cometió con la reforma al Poder Judicial.
"Poco a poco hemos visto las secuelas de ese error, pero también poco a poco hemos visto cómo incluso la propia gente de Morena va reconociendo estas fallas", subrayó.
Barrales dijo que ahora va a pasar lo mismo con el examen a los trabajadores del Poder Judicial porque no dimensionaron las consecuencias por la afectación de los derechos laborales.
Dijo que son más de 30 mil los trabajadores que plantean que sean sometidos a esta evaluación, lo que evidencia la magnitud de la medida.
Además, destacó, se puede advertir que estamos ante un albazo, porque ni en Morena sabían el contenido del acuerdo de evaluación.
"El albazo ya no es sólo para la Oposición o para quienes no somos parte de esa mayoría, el albazo ya es incluso interno, porque pues no sería la primera vez que escuchamos voces que señalan, que no lo esperaban, que hacen evidente que no fueron incluidos", dijo.
Destacó que algunos se han atrevido a cuestionar la medida y levantan la voz, por lo que es claro que no los consultaron.
"Sí esperaría pues una respuesta más contundente, primero de los propios sindicatos, no se pueden quedar callados, porque esta es una violación flagrante, grande, burda, pues a los derechos laborales", resaltó.
Agregó que se deben de tomar en cuenta las consecuencias adicionales para la ciudadanía si hay un despido masivo de los trabajadores del Poder Judicial por evaluaciones subjetivas.
"Todos esos trabajadores son los que en primera instancia tienen acceso a los que 40 mil expedientes que llegan prácticamente al día al Poder Judicial, son los que hacen los trámites, los que los conocen.
"Entonces, imagínate que todos ellos vayan siendo removidos, gente que tiene especialidad, antigüedad ¿En manos de quién van a quedar los procesos? Si de por sí la justicia es lenta, pues ya vimos lo que ha pasado con los jueces de la tómbola", mencionó.
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