Los moches

Una vez más se demuestra que la corrupción es ambidiestra y no distingue colores. Lamentablemente, con la clase de políticos que tenemos en México, al parecer ya nada puede sorprendernos.

Vamos dejando bien claro qué son los “moches”: son sobornos, comisiones ilegales o porcentajes de dinero público que un funcionario, legislador o político exige a cambio de otorgar un contrato, aprobar un presupuesto, asignar una obra o mantener un empleo.

El caso más reciente estalló en el devaluado Instituto Nacional Electoral el pasado 30 de octubre de 2026, cuando una investigación de la periodista Aurora Zepeda, publicada en Excélsior, reveló que extrabajadores del Órgano Interno de Control (OIC) de ese instituto denunciaron que se les exigía entregar una parte de su salario (entre 7,000 y 15,000 pesos mensuales, dependiendo del cargo) para conservar sus puestos.

Hace dos sexenios se destapó el llamado “Mochesgate”, una práctica que, al parecer, era muy común entre los diputados federales y los alcaldes del país, ya que los desvergonzados legisladores exigían el “diezmo” de los recursos que gestionaban para los municipios, así como de los apoyos destinados a obras públicas.

En nuestro San Luis Potosí también han existido casos emblemáticos en los últimos años, en los que se vieron involucrados diputados locales de la LXI Legislatura, considerada la peor y más corrupta de la historia. Recordemos aquel caso conocido como el “Mochesgate de Ciudad del Maíz”, donde un grupúsculo de diputados locales “gestionó” ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado más de 7 millones de pesos para construir caminos rurales en el municipio de Ciudad del Maíz, a cambio de “ponerse la del Puebla”. Sin embargo, todo resultó ser una simulación y un fraude.

Por ningún motivo podemos olvidar aquel suceso conocido como “la ecuación corrupta”, donde un diputado local fue grabado por un alcalde huasteco. Ahí se detallaba, con santo y seña, cómo, a cambio de un moche, los diputados operarían en la Auditoría Superior del Estado para que las observaciones de los ayuntamientos que le entraran a la danza fueran solventadas y sus cuentas quedaran rechinando de limpias.

Durante las siguientes dos legislaturas, las denuncias contra los corruptos diputados continuaron, pero ahora estaban relacionadas con empleados contratados por honorarios como “asesores”, quienes se quejaban de que sus jefes los obligaban a entregar un “moche”, quitándoles una buena parte de su sueldo si querían seguir trabajando en el Congreso del Estado.

Qué lamentable que, en la mayoría de estos casos, a pesar de existir denuncias penales ante las respectivas fiscalías, no pase absolutamente nada y que los corruptos sepan que sus aberrantes actos siempre quedarán impunes.