Autoridades electorales estatales y locales de Estados Unidos reforzaron sus preparativos ante posibles interferencias del Gobierno de Donald Trump durante las elecciones intermedias de este martes, en medio de la preocupación por una eventual intervención federal en los comicios y el debilitamiento de las capacidades de protección electoral de la Administración.
Funcionarios de distintos estados han consultado a abogados, coordinado acciones con corporaciones policiales y capacitado a trabajadores electorales para responder a distintos escenarios, desde la presencia de agentes federales en centros de votación hasta la incautación de boletas o equipos electorales.
De acuerdo con un reporte de The New York Times, las autoridades también preparan a los trabajadores para actuar ante una eventual presencia de agentes migratorios y les recuerdan las disposiciones federales que prohíben el despliegue de agentes armados en los lugares de votación.
La preocupación se extiende incluso a la posibilidad de que Trump invoque la Ley de Insurrección para involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos electorales, una opción que el Mandatario se ha negado a descartar.
"Realmente estamos boxeando contra las sombras, porque no sabemos cuándo ni si el golpe va a llegar", afirmó Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota, al describir la incertidumbre que enfrentan los funcionarios electorales.
La inquietud no se limita a autoridades demócratas. Deidre Henderson, vicegobernadora republicana de Utah, señaló que, aunque no necesariamente espera una interferencia federal, su estado también se prepara para esa posibilidad.
El temor de los funcionarios es que las acciones federales puedan afectar la confianza pública en los resultados y desalentar la participación de los votantes, particularmente si se cuestiona la legitimidad de los comicios antes de que concluya el conteo.
El Gobierno de Trump ha rechazado las preocupaciones. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, calificó de infundados los señalamientos bipartidistas sobre una posible interferencia y sostuvo que el Presidente ha hecho más que cualquier otro Mandatario para garantizar elecciones libres y justas.
Sin embargo, las autoridades electorales también enfrentan un escenario de menor respaldo federal en materia de seguridad.
La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés), que históricamente coordinaba el intercambio de información entre el Gobierno federal y las autoridades estatales, tendrá una participación reducida durante la jornada electoral, según funcionarios actuales y antiguos de la dependencia.
A diferencia de ciclos electorales anteriores, la agencia no instalará un centro nacional de coordinación para compartir información sobre incidentes ni ofrecerá actualizaciones programadas a los medios de comunicación.
Los recortes de personal y presupuesto durante el segundo mandato de Trump redujeron aproximadamente en un tercio la plantilla de CISA, que contaba con 3 mil 400 trabajadores en enero de 2025. Además, la dependencia suspendió revisiones voluntarias de ciberseguridad que ofrecía a los gobiernos estatales y locales para proteger sus sistemas electorales.
Geoff Hale, ex funcionario de seguridad electoral de CISA, consideró que la estrategia actual representa un retroceso frente al papel que la agencia desempeñó desde 2018.
"La postura parece ser la del mínimo indispensable", afirmó.
La dependencia sostiene, en contraste, que está preparada para responder a amenazas cibernéticas contra la seguridad nacional y que sus equipos regionales brindan asistencia a las autoridades que lo solicitan. También aseguró que activó un grupo de coordinación de incidentes para apoyar durante los comicios.
No obstante, funcionarios electorales y especialistas advierten que la reducción de los canales de comunicación y del intercambio de inteligencia puede dificultar la respuesta ante amenazas, incluidas campañas de desinformación impulsadas desde el extranjero.
Las preocupaciones se producen después de que Trump cuestionara reiteradamente la integridad de los procesos electorales y buscara ampliar la intervención federal en su administración. Entre otras acciones, su Gobierno ha solicitado a los estados entregar sus registros de votantes e intentado modificar las reglas del voto por correo.
Pese a ello, especialistas y ex funcionarios electorales consideran que varios de los escenarios más extremos serían frenados por los tribunales. La organización de los comicios corresponde constitucionalmente a los estados y al Congreso, no al Poder Ejecutivo federal.
David Becker, ex abogado del Departamento de Justicia y director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, señaló que los funcionarios están mejor preparados al haber discutido y ensayado posibles escenarios, aunque reconoció que muchas de las acciones que generan preocupación podrían no ocurrir.
En este contexto, organizaciones especializadas también han intensificado la capacitación de funcionarios y cuerpos de seguridad locales. El Comité para Elecciones Seguras y Protegidas realizó alrededor de 140 sesiones de entrenamiento este año, frente a 67 en 2024.
Las autoridades buscan anticiparse a posibles incidentes sin generar alarma entre los votantes. Algunos funcionarios han evitado revelar detalles de sus protocolos por temor a ofrecer ventajas al Gobierno federal en eventuales disputas legales.
