La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos provenientes del presupuesto estatal hacia diversas empresas y un despacho jurídico relacionado con el mandatario y su padre, Samuel Orlando García.
La denuncia fue interpuesta el pasado 16 de octubre, de acuerdo con los registros del organismo fiscalizador, como resultado de las investigaciones realizadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Según el informe entregado a la Cámara de Diputados, la ASF identificó cuatro rutas de transferencia de recursos públicos que habrían permitido canalizar 928.13 millones de pesos hacia el despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador.
El documento también señala que estas operaciones presuntamente estarían relacionadas con la adquisición de una propiedad valuada en mil millones de pesos por parte del mandatario estatal, situación que forma parte de los señalamientos sujetos a investigación.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández, explicó que las investigaciones permitieron identificar posibles esquemas de simulación de operaciones y movimientos financieros entre empresas proveedoras y personas relacionadas familiarmente con servidores públicos.
"En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos", señaló el funcionario.
De acuerdo con la documentación presentada, una de las principales operaciones consistió en la transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del gobierno estatal a una constructora, que posteriormente envió 5 mil 154.6 millones a otra empresa. De esta última habrían salido 385.3 millones de pesos hacia el despacho jurídico.
En una segunda operación, la administración estatal pagó 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió parte de los recursos a una empresa de alimentos. Esta última habría enviado 202.9 millones de pesos al mismo despacho.
La auditoría también identificó movimientos por 243 millones de pesos hacia una empresa de servicios y otros 154.2 millones hacia una compañía que realizó pagos a una firma de equipamiento. Ambas rutas habrían terminado con transferencias adicionales al despacho relacionado con los García.
Las operaciones descritas forman parte de los hallazgos presentados por la ASF y deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar si constituyen delitos y establecer posibles responsabilidades.
Investigan presuntas irregularidades en Sinaloa
El informe de la ASF también incluye una investigación sobre un presunto esquema de triangulación de recursos públicos relacionado con la administración del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En este caso, el organismo fiscalizador detectó que distintas dependencias estatales y municipales adjudicaron contratos de obra pública a una empresa constructora constituida por dos hijos del exmandatario, quienes participaron como accionistas y representantes legales.
Según la auditoría, la compañía registró depósitos bancarios superiores a los montos correspondientes a las obras públicas contratadas y realizó transferencias entre sus propias cuentas.
Además, identificó movimientos de dinero hacia los hijos de Rocha Moya después de que estos dejaron de formar parte de la empresa. Parte de esos recursos habría sido utilizada para realizar pagos millonarios a un exfuncionario del área de finanzas, bajo el concepto de préstamos.
La ASF informó que cuenta con un seguimiento de las operaciones financieras detectadas en ambas entidades, por lo que las investigaciones buscarán esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
