Guillermo Zuany Portillo, ex Fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de traición a la patria, derivada de la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento del narcolaboratorio en la Sierra de El Pinal.
Valeria Moreno Durán, Juez Décimo Primero de Distrito de Chihuahua, admitió su demanda de garantías y le concedió una suspensión provisional, sin embargo, esa medida precautoria no podrá evitar su eventual captura.
Lo anterior, porque la legislación vigente prohíbe a los jueces emitir suspensiones que impidan ejecutar una orden de aprehensión por un delito con prisión preventiva de oficio, como es el caso del ilícito de traición a la patria.
Pese a lo anterior, la juzgadora le fijó al ex funcionario el pago de una garantía de 3 mil pesos para que continúe vigente la medida precautoria dictada, señalan registros judiciales.
Moreno Durán programó para el próximo 13 de noviembre la audiencia incidental en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva. En caso de otorgarla, sus efectos no serán distintos a la provisional.
La impartidora de justicia también acordó celebrar el día 24 del mismo mes la audiencia constitucional, el último requisito para poder dictar sentencia.
Zuany y el ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, son lo únicos contra quienes la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y consiguió una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria.
El primero fue detenido el 17 de octubre en la capital de Chihuahua y ya fue vinculado a proceso y sujeto a la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano. El coimputado sigue prófugo de la justicia.
A ambos se les atribuye permitir ilegalmente la participación de dos agentes de la CIA en el operativo en el que fue desmantelado un narcolaboratorio de drogas sintéticas en un predio de la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, el 18 de abril pasado.
Es decir, que los estadounidenses no contaban con registro de alguna autorización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, para que pudieran internarse temporalmente en territorio nacional con fines de intercambio de información.
En el narcolaboratorio, días después la FGR aseguró 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, y casi 2 mil litros de metanfetamina.
