Oralidad no es solución automática
Zarazúa Martínez explicó que: “El aplazamiento no representa una afectación directa a la impartición de justicia, sin embargo, es necesario avanzar hacia un modelo oral, como ya ocurre en materia penal. La oralidad no es una solución automática, sino que requiere fortalecer las áreas civil y familiar, que concentran una parte importante de los asuntos que atienden los poderes judiciales”
Continuará la homologación a nivel nacional
Además mencionó que: “El Poder Judicial de San Luis Potosí continuará con los trabajos preparatorios para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo objetivo es homologar los procedimientos en estas materias a nivel nacional. Ante la propuesta legislativa de ampliar hasta 2031 el plazo de implementación, nosotros ya desarrollábamos acciones de capacitación e infraestructura para avanzar hacia la oralidad”, señaló.
Respeto al Legislativo y seguir trabajando
Finalmente indicó: "Respetamos las decisiones del Poder Legislativo; para el Poder Judicial de San Luis Potosí representa una oportunidad para seguir trabajando. No podemos detenernos. El hecho de que se aplace, hay que seguir trabajando en ello; el Poder Judicial del Estado mantendrá las acciones necesarias para avanzar en la implementación del nuevo modelo procesal, conforme a las disposiciones legales aplicables”, concluyó.
¿Qué cambia con el nuevo Código?
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca homologar los procedimientos judiciales en todo el país e impulsar un modelo que incorpora la oralidad en los asuntos civiles y familiares.
Los tres retos de la implementación
- Infraestructura: adecuar espacios y salas para las audiencias.
- Capacitación: preparar al personal judicial para el nuevo modelo.
- Operación: adaptar los procedimientos al volumen de asuntos civiles y familiares.
¿Qué implica la transición a la oralidad?
- Mayor relevancia de las audiencias orales.
- Preparación de jueces y personal judicial.
- Adecuación de infraestructura y espacios.
- Homologación de procedimientos civiles y familiares en el país.
- Continuidad de la preparación pese al aplazamiento.
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