Mover a México cuesta. Y no solo me refiero a la constante alza del diésel, a la presión tributaria o al pago de peajes en las autopistas de cuota que prometen seguridad pero entregan el mismo peligro que las vías secundarias.
En la actualidad, mover a México cuesta vidas, paz y la dignidad de miles de operadores que día a día se juegan la suerte al encender el motor de un tráiler.
Las mesas de diálogo con las autoridades se han convertido en una tibia aspirina para un cáncer terminal.
Mientras en las oficinas de gobierno se firman minutas y se prometen comisiones de seguimiento, en la cinta de asfalto la realidad es otra. El robo a mano armada, el cobro de piso, las extorsiones y los homicidios de choferes no ceden. De ahí surge la necesidad de una nueva movilización que no debe sorprender a nadie; y que se ha convertido en el síntoma inequívoco de un sector acorralado.
Este lunes 26 de octubre, el país se vuelve a enfrentar a una jornada de alta tensión. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), acompañadas en conjunto por agrupaciones como FEMATRAC e INDECO, han convocado a la suspensión de actividades y movilizaciones a escala nacional.
A diferencia del primer gran paro registrado en junio de este mismo año, el movimiento de esta semana guarda un matiz mucho más grave, debido a su carácter de indefinido.
El quiebre es total y la suma de las cámaras mayores evidencia que la paciencia se agotó tras la ineficacia de las mesas de negociación.
Aunque los organizadores han dejado claro que no prevén bloqueos totales de las vías, las afectaciones al tránsito y al suministro de mercancías, alimentos y combustibles serán inevitables.
Entre los estados más afectados se encuentran la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Sinaloa que se preparan para vivir momentos críticos en sus arterias viales.
No se trata de un hecho aislado y se trata de peticiones que por su naturaleza incomoda a las autoridades y afectan en general a un país, pues hablamos de unos de los sectores base para la economía mexicana.
La extorsión criminal y la voracidad institucional no abonan al gremio y al contrario lo asfixian. La delincuencia organizada ha tomado el control de tramos estratégicos del país, imponiendo cuotas y despojando de unidades a las empresas. Mientras que por otro lado la delincuencia institucional exige permisos o "cuotas de acceso" para permitir la entrega de mercancías, así como los cobros excesivos y desmedidos de las grúas concesionadas a nivel federal, estatal y municipal.
Resulta irónico e indignante que circular por una carretera de cuota no garantice la integridad física ni patrimonial de los transportistas.
Se paga por un servicio de infraestructura "segura" y se recibe exactamente el mismo riesgo de ser emboscado. Por ello, una de las exigencias más contundentes del sector es que las aseguradoras de las autopistas de cuota indemnicen de manera efectiva cuando una unidad robada no sea recuperada.
Si el peaje cobra por seguridad, la concesionaria debe asumir su responsabilidad financiera cuando falla en brindarla.
El paro representa la búsqueda de la seguridad, supervivencia y el orden regulatorio. Las organizaciones de transporte no buscan privilegios indebidos, sino condiciones mínimas para seguir operando sin irse a la quiebra o a la tumba.
En la siguiente mesa de diálogo se reforzará la idea de la vigilancia en los tramos de alto riesgo para prevenir robos, extorsiones y asesinatos. La indemnización obligatoria por parte de aseguradoras de autopistas ante unidades robadas no recuperadas; mantener el estímulo fiscal del 50% en peajes ante la Ley de Ingresos 2027 y reducir la carga fiscal general, entre otras peticiones que los transportistas esperan sean realmente escuchadas y que no queden en oídos sordos y palabras necias.
Porque para eso hay pliegos petitorios, compromisos, firmas que la autoridad como tal debe ejercer y hacer valer. O el Gobierno atiende con firmeza el cáncer de la inseguridad y el abuso regulatorio, o el país entero terminará varado en el acotamiento.
Y a la ciudadanía, es fácil juzgar el impacto de un paro carretero desde la comodidad de la rutina urbana, molestarnos por el tráfico lento o preocuparnos por la falta de un producto en el anaquel del supermercado. Sin embargo, debemos entender que el transportista no se manifiesta por gusto; lo hace porque salir a trabajar se ha convertido en una ruleta rusa e ignorar las demandas de la CANACAR, AMOTAC y las demás fuerzas unidas, sería condenar a la economía mexicana a la parálisis, porque sin transporte no hay país.
