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Las comparecencias de octubre ante el Congreso de San Luis Potosí, convocadas como parte del análisis de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, dejan una pregunta que no debería perderse entre los balances oficiales: ¿basta con que los funcionarios acudan al recinto legislativo para que exista una rendición de cuentas efectiva?
Desde la presidencia de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías presentó el ejercicio como un proceso satisfactorio, capaz de responder dudas ciudadanas con información concreta. Los titulares del Ejecutivo, entre ellos el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, también defendieron su disposición al diálogo. Es razonable reconocer el valor de que las autoridades comparezcan y expongan su trabajo. Pero la presencia, por sí sola, no garantiza el escrutinio, estará usted de acuerdo amigo lector.
La forma importa. Concentrar diez comparecencias en tres días —del 19 al 21 de octubre— y reunir varias dependencias en jornadas extensas reduce el tiempo disponible para examinar respuestas, confrontar datos y plantear preguntas de seguimiento. Si, además, se limita la posibilidad de réplica inmediata, el intercambio pierde una de sus herramientas esenciales: la oportunidad de aclarar una respuesta insuficiente antes de que el tema quede atrás.
Así, una sesión puede estar llena de informes y, sin embargo, ofrecer poco debate. El riesgo es que la comparecencia se convierta en una sucesión de exposiciones preparadas, con preguntas acotadas y respuestas que no necesariamente quedan sujetas a una revisión puntual. La agenda cumplida no equivale a una fiscalización cumplida.
El Congreso no tiene que elegir entre eficiencia y profundidad. Puede organizar las sesiones con mayor tiempo para cada dependencia, asegurar rondas de seguimiento y permitir que las y los legisladores repliquen cuando una respuesta lo amerite. También puede publicar con anticipación los temas de análisis y difundir después documentos que permitan contrastar lo dicho con metas, presupuestos y resultados verificables.
Y debemos reconocer que a lo largo de los años entre las diferentes legislaciones, se han realizado diversas modificaciones al formato de estos encuentros entre funcionarios y legisladores, que hoy aún no encuentran ese punto en el cual se pueda decir que plenamente se resuelven dudas y se construyen soluciones, que de no ser este el objetivo principal ¿entonces cuál es?
La rendición de cuentas no se mide por el número de funcionarios que cruzan la puerta del Congreso, sino por la calidad de las preguntas y la posibilidad de exigir respuestas completas. Si el Legislativo quiere que las comparecencias fortalezcan la confianza pública, deberá cuidar que el formato no reduzca su función de contrapeso a un trámite. El diálogo institucional es un comienzo; el escrutinio, su prueba, y lo que muchas veces queda en evidencia es que los diputados no llegan suficientemente preparados para este ejercicio.
HASTA LA PRÓXIMA.
